El Colegio de trabajadores sociales pide a la Xunta que ponga en marcha la mesa da dependencia, pendiente desde 2006
Avala el informe que señala que es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional".
A Coruña
El Colegio de trabajadores sociales de Galicia pide a la Xunta que ponga en marcha la mesa de evaluación técnica para determinar las condiciones en que se cumple la Ley de dependencia, pendiente de constituir desde 2006. 18 años sin evaluación con todos los colectivos relacionados en el día después del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con importantes críticas a la gestión de la Xunta, que el Colegio apoya. Hay 469 mil personas potencialmente dependientes en Galicia según sus datos.
Para el Colegio "la inversión en dependencia en Galicia es insuficiente" con retrasos muy prolongados en la valoración de grados. El informe señala que el aumento de la financiación estatal ha llevado a una reducción de la aportación al servicio en Galicia, de un 6,4 por ciento menos. Hay 84 mil solicitudes presentadas y los trabajadores sociales no dan a basto. El colegio explica que los Ayuntamientos están cubriendo muchas lagunas pero que todo se presta en precario. Ana Vilar, vicepresidenta del Colegio de graduados sociales y vocal del consejo estatal.
Recuerda el Colegio de trabajadores sociales que en estos momentos hay en Galicia 213 personas mayores de 64 años por cada 100 de 16 y se necesita una apuesta especialmente decidida de la administración autonómica en ese campo, porque es uno de los principales problemas de la comunidad. Al contrario, señala el informe, los presupuestos ya no eran suficientes y han bajado porque subían los estatales.
La Xunta alega que el Gobierno le adeuda 2.500 millones de euros, desde la aprobación de la Ley y que nunca ha cumplido las condiciones de cofinanciación.
Galicia, entre las comunidades que "hicieron caja" con el aumento de presupuesto para dependencia
La asociación señala que Galicia es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional. Galicia es además, según este estudio, la comunidad que menos invierte en dependencia por persona solicitante, son 1.073 euros, la que más se aleja de la media.
Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación".
El estudio indica que, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una "acusada desigualdad territorial", donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares, la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.
Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, a la cola, con 1.073 euros.
Los recortes en la aportación en algunas CC.AA. "han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque", según la entidad. En cuanto a las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 71% para el conjunto de España, CCAA como son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castila y León (63,2%) se mantienen alejados de esta cifra.
Recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. "Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo", ha denunciado la entidad.