La dependencia enfrenta a Xunta y Gobierno central
El Ejecutivo autonómico sostiene que el Estado tiene una deuda de 2.500 millones con la comunidad en esta materia, mientras que el Ministerio argumenta que aumentar los fondos un 121%
Xunta y Gobierno se enfrentan a cuenta de la dependencia
Santiago de Compostela
La Xunta y el Gobierno central se vuelven a enfrentar, en este caso, por la atención a las personas con dependencia. Mientras que el Ejecutivo autonómico defiende que ha incrementado de forma sustancionsa, un 121%, los fondos que destina a nuestra comunidad, el presidente gallego declara que el Estado tiene una deuda con Galicia que la Consellería de Política Social eleva a 2.500 millones de euros.
Un día después del demoledor informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y de las palabras de su presidente en La Ventana de Galicia, en las que sostenía que los gobernantes gallegos "no tienen alma" y que la comunidad "había hecho caja", las dos administraciones han vuelto a la carga.
De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la aportación del Gobierno a Galicia creció en 114 millones de euros entre los años 2021 y 2023, una subida del 121% con respecto a 2020, ascendiendo hasta los 209 millones de euros.
Mientras, la Xunta denuncia que el Estado le debe 2.500 millones de euros y que solo aporta un 30 o 35% del total, mientras que hay un acuerdo que establece que tendría que aportar el 50%, tal y como denunciaba el presidente, Alfonso Rueda, que declaró que "no es cierto" que Galicia estuviese recortando en materia de dependencia.
Sin convocar la mesa de evaluación
Además, desde hace 18 años, desde el año 2006, cuando se aprobó la ley de dependencia, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, no se reúne la mesa de evaluación. Es una obligación que tiene la Xunta de Galicia, que ha incumplido desde entonces, pese a que lo reclaman, entre otros, el Colegio de Trabajadores Sociales.
Las dos administraciones no se ponen de acuerdo con las cifras y, además, los servicios están saturados, con procesos que se dilatan durante más de un año, llegando a los dos en buena parte de los procesos. Las decisiones que ha tomado la Xunta para reducir la burocracia y, en consecuencia los plazos, no han funcionado, porque los expedientes se atascan en un embudo provocado por la falta de personal.
Y en este contexto, los ayuntamientos se ven asfixiados porque tiene que asumir el coste de servicios que son esenciales para la población, como el del Servizo de Axuda no Fogar, una situación que ha denunciado de forma reiterada el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela.
La situación es especialmente complicada en ayuntamientos pequeños, como Vimianzo o Xermade. En el caso del primero, la regidora, Mónica Rodríguez decía que están recibiendo una avalancha de solicitudes en la modalidad de libre concurrencia que no sufraga la Xunta. Muchos vecinos acuden al ayuntamiento por la tardanza de la Xunta en valorar la situación de dependencia.
Situación similar tienen en el concello de Xermade, que pide más financiación en dependencia porque la situación, según su alcalde, Roberto García, es "insoportable". En su caso están dejando de atender a otros servicios para poder prestar atención a la dependencia.