Aymerich denuncia que la Xunta encargó a Eptisa, cliente de AUDASA, un informe que favorece a la concesionaria AP9
Considera la prórroga ilegal y pide una rápida actuación del gobierno central para rescatar la autopista. La Diputación insta a la Xunta a que elimine de forma inmediata el peaje de la AG-55
A Coruña
Seguimos pendientes de la AP9 y del pago de peaje tras las advertencias de ilegalidad de la Comisión europea. Sobre la mesa el informe de la Universidade da Coruña, encargado por el BNG, que considera la prórroga ilegal y pide una rápida actuación del gobierno central para rescatar la autopista. El profesor de Derecho administrativo de la UDC Carlos Aymerich advierte, además, de que la Xunta encargó el informe sobre las cifras del rescate a Eptisa, una empresa cliente de AUDASA y que sus resultados benefician económicamente a la concesionaria.
El informe encargado por el Xunta no incluye ninguna referencia a la ilegalidad de la prórroga y subraya la necesidad de compensar a la concesionaria por el lucro cesante. Un aspecto que, según Aymerich, colisiona directamente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que apela a la ley de contratos y establece que en caso de anulación de un contrato la compensación no incluye el lucro cesante.
El coste del rescate sería, según sus cálculos, 900 millones de euros. El informe de Eptisa para la Xunta hablaba de 2.600. Aymerich considera que se trata de cifras infladas pues se calculan además con un porcentaje de tasa de descuento muy inferior, por ejemplo, al del rescate de las radiales madrileñas.
Pide que el gobierno reconozca que las prórrogas fueron ilegales y se promueva la revisión de oficio de la ampliación, lo que llevaría a resolver la concesión indemnizando a la concesionaria. Indemnización que en ningún caso incluiría el lucro cesante, según la jurisprudencia del Supremo.
Recuerda que el valor de los peajes hasta 2048 sería, según el Consejo de Estado, de 2.800 millones de euros. Concluye que es mucho más económico resolver ya, sin pagar lucro cesante, porque estamos delante de prórrogas ilegales. Advierte al gobierno español que, si prolonga la situación esperando que actúe el Tribunal Europeo de Justicia, actuaría en contra del "principio de buena administración" pues el rescate se prolongará hasta siete años.
El informe concluye que la prórroga de la AP9 viola el derecho comunitario porque supone una modificación sustancial de un contrato que, de ser conocida, hubiera provocado que se presentasen más empresas. Señala que, para poder ampliar la concesión según las leyes comunitarias, el gobierno tendría que haber finalizado el contrato inicial y realizar una nueva licitación. Se entiende que hay una adjudicación ilegal a AUDASA.
La Diputación insta a la Xunta a que elimine de forma inmediata el peaje de la AG-55
La Diputación insta a la Xunta a que elimine "de xeito inmediato" el peaje de la autopista A Coruña-Carballo. Es una iniciativa del PSOE que ha sido aprobada en pleno con el apoyo de BNG y Alternativa dos Veciños y los votos en contra del PP.
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Los socialistas señalan que los "esfuerzos del Gobierno Central" en la ampliación de las bonificaciones en la AP-9, iniciadas en 2021, son una apuesta por continuar avanzando hacia la gratuidad tanto en las autopistas de competencia estatal como en las autonómicas. El texto aprobado destaca "el importante ahorro" para los gallegos la entrada en vigor de las bonificaciones de la Autopista del Atlántico e insta al Gobierno Rueda a suprimir el peaje de la AG-55.
