La declaración del principal testigo del MV Karar, pendiente de la evaluación forense

Dos médicos forenses informarán al tribunal que juzga el alijo de 3.800 kilos de cocaína a bordo del MV Karar, en el que hay 28 procesados, si el principal testigo del fiscal, un ex inspector jefe de Pontevedra que está de baja médica e investigado en Murcia por supuesta relación con el narcotráfico, se encuentra en condiciones de prestar declaración.

Después de una nueva prórroga de la baja del funcionario policial, la Sala ha determinado que sea examinado por dos doctores para que estos informen sobre su estado de salud para declarar de manera presencial en el juicio.

El ex inspector jefe de Pontevedra estuvo durante más de dos décadas vinculado al Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia y dirigió la investigación del Karar que dio como resultado el arresto de Juan Carlos Santórum, señalado como jefe del grupo criminal, y de los otros 27 procesados, entre ellos su hermano.

En la causa, que se juzga en Vigo, también figura un funcionario de Aduanas al que sorprendieron con 368.000 euros en dos bolsas de plástico en Madrid y la mujer de este. Las siguientes vistas de este juicio están previstas para mediados de este mes en la Cidade da Xustiza de Vigo.

Solicitan que su declaración no se haga tras un biombo

La abogada que representa a Santórum y otros procesados, Carmen Ventoso, ha presentado un escrito dirigido a la Audiencia de Pontevedra en el que solicita que, en el caso de que el ex inspector jefe de Pontevedra -instructor de las diligencias- preste declaración, no lo haga detrás de un biombo, como la mayoría de los testigos que han comparecido hasta ahora, sino con normalidad.

Para fundamentar esta petición, la letrada aporta algunas de las intervenciones públicas "en las que supuestamente ha intervenido" el policía, concretamente una serie televisiva de la que aporta varios pantallazos en los que aparece en primera plana el rostro del instructor, así como una foto en la que sale identificado con nombre y apellidos y sin ningún filtro para impedir el visionado de su cara.

Además, se opone a que su declaración se haga por videoconferencia porque "no concurre ningún motivo legal" para que así sea.

La abogada entiende que una declaración presencial permite percibir directamente en el testigo la espontaneidad o los gestos involuntarios que una "videoconferencia impide" y también desliza que el policía podría tener acceso a medios técnicos como auriculares "imperceptibles" para que "un tercero" le fuese leyendo las respuestas en su comparecencia.