La Fiscalía pide 2 años de cárcel para un conductor que arrolló mortalmente a una motorista tras mentir en el psicotécnico
El acusado "mintió deliberadamente" para obtener el carné de conducir ocultando una medicación con psicofármacos
La Fiscalía pide dos años de cárcel y retirada del permiso de conducir por 4 años, para un joven que embistió a una motorista en julio de 2023, al invadir el carril contrario en la carretera PO-552, a la altura de la parroquia de Coruxo en Vigo.
Según figura en el escrito de acusación pública, el conductor, que será juzgado este jueves en la sala de lo Penal 2 de la ciudad olívica, circulaba por esa carretera, donde la velocidad está limitada a 70 kilómetros de por hora, en dirección Vigo.
Al llegar a un recta en el punto kilométrico 3.500, el conductor comenzó a invadir de forma lenta y paulatina, a una velocidad constante de unos 70 kilómetros por hora. En dirección contraria circulaba una motorista que, al ver el coche, intentó frenar y girar a la izquierda, pero que no pudo evitar el impacto, falleciendo en el lugar.
El Fiscal expone que el joven, que había obtenido el permiso de conducir solo unos días antes, no realizó maniobra alguna para evitar la colisión.
"Mintió deliberadamente" sobre su medicación
El acusado estaba diagnosticado de TDAH, y tenía pautada una medicación, sin embargo, en el examen psicotécnico para la obtención del carné ocultó este dato. Así, "mintió deliberadamente" y negó tener diagnosticada enfermedad alguna o consumir medicación psicoactiva.
Todo ello, a pesar de que su psiquiatra le había advertido de la incidencia de la medicación en los análisis de tóxicos. De hecho, las pruebas que realizaron tras el accidente dieron positivo en anfetaminas.
2 años de prisión y 4 de retirada del carné
La Fiscalía considera al chico autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, y pide que sea condenado a 2 años de prisión y se le retire el carné por 4 años.
Asimismo, solicita que el procesado y la compañía aseguradora del coche indemnicen solidariamente a los padres, hermano y pareja de la víctima con cantidades que suman más de 200.000 euros.
