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La falta de un informe fuerza por segunda vez la suspensión del juicio contra el presidente de los comuneros de Cabral

La primera suspensión, el mes pasado, se debió a la falta de comprobación de una serie de documentos

El juzgado de lo Penal 1 de Vigo ha acordado suspender la vista señalada para este jueves contra el presidente de la Comunidad de Montes de Cabral, Luis Rodríguez, y otras dos personas, como supuestas autoras de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de un galpón en una zona protegida, en el ámbito del plan de regeneración del corredor natural del río Lagares.

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Este juicio ya estuvo señalado para el pasado 18 de septiembre, y en aquel momento fue suspendido por la necesidad de realizar unas comprobaciones documentales. La vista señalada para este jueves ha sido igualmente suspendida, en este caso por la falta de un informe.

La Fiscalía pide para cada uno de los tres acusados 15 meses de prisión, y multa de 4.500 euros, además de la demolición de dicha construcción y la reposición del terreno a su estado original.

Los hechos se remontan a 2014, cuando se iniciaron las obras de edificación del galpón. Tras una denuncia vecinal, la Policía Local notificó a los promotores que tenían que parar la obra, ya que no contaban con licencia.

Fue en 2016 cuando una inspección municipal constató que se estaban construyendo de nuevo paredes y, en verano de 2017, se terminó el galpón, que quedó unido a otra edificación preexistente a través de una nueva cubierta.

Causas judiciales pendientes

El presidente de los comuneros de Cabral está o ha estado involucrado en otras causas judiciales, entre ellas una investigación por un presunto delito contra el medio ambiente, vinculado a unos movimientos de tierras en el nacimiento del río Lagares. En ese caso, junto a Luis Rodríguez, están investigadas también otras dos personas: un constructor vinculado a Rodríguez y un ciudadano de nacionalidad rumana.

Además, el pasado mes de abril, el TSXG ratificó una condena del juzgado de lo contencioso-administrativo de Vigo, que confirmaba la sanción impuesta contra los comuneros de Cabral por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). El organismo autonómico obligó a la entidad comunal a devolver a su estado original una parcela de 5.400 metros cuadrados, al lado de las instalaciones de la ITV (cerca del Ifevi), en la que se habían realizado obras de acondicionamiento para alquilarla como aparcamiento.

Por otra parte, y antes de esa sentencia, entre otras resoluciones, un juzgado de Vigo ya había fallado en contra de los comuneros, al anular el acuerdo para la cesión de terrenos al Aeroclub para el campo de golf; igualmente, los tribunales reprobaron en su día a la entidad por la expulsión de varios comuneros hace años, obligando a su readmisión.

 
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