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El BNG insta al Concello de A Coruña a otorgar ya la distinción de Hijos Adoptivos a Ibrahima y Magatte

Los nacionalistas critican que no se haya ejecutado tres años después de su aprobación en pleno

El BNG en A Coruña lamenta que tres años después de haberse aprobado en pleno nombrar Hijos Adoptivos a Ibrahima Diack y a Magatte N´Diaye el Concello no haya ejecutado la moción. Al hilo de la celebración del juicio por el asesinato de Samuel Luiz donde ha quedado constancia del papel que tuvieron los dos jóvenes senegaleses, en auxilio de Samuel mientras era víctima de la brutal paliza, el Bloque critica la demora en la tramitación de la distinción. La iniciativa propuesta por los nacionalistas fue aprobada por unanimidad dos meses después del suceso. Preguntará sobre los motivos del retraso en el pleno del 7 de noviembre.

La concejala, Mercedes Queixas, afirma que Ibrahima y Magatte dieron una lección de civismo y de humanidad poniendo en riesgo su propia vida cuando ayudaron a Samuel. Fueron los únicos en auxiliarlo. Y añade que la distinción como Hijos Predilectos es "absolutamente merecida".

El BNG manifiesta que Samuel Luiz fue víctima de la violencia y de la homofobia con la que los agresores le atacaron. El grupo municipal nacionalista pidió en septiembre de 2021 el cumplimiento del acuerdo; en marzo de 2023 presentó un ruego oral para que el Gobierno Local concluyese la tramitación del expediente y en el pleno de noviembre reiterará su petición.

El BNG ha detallado este martes en un comunicado que el pleno del Ayuntamiento de A Coruña aprobó por unanimidad en septiembre de 2021, dos meses después de la muerte de Samuel, una moción para iniciar el procedimiento para nombrar a los dos senegaleses como hijos adoptivos. La concejal nacionalista Mercedes Queixas volverá a llevar el asunto al pleno ya que sigue sin cumplirse tras tres años. Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye ya han declarado en el proceso contra cinco adultos que se está celebrando en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

 
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