Comienza en Vigo el juicio contra la empresa concesionaria del SAF de Salvaterra por el acoso sexual sufrido por una trabajadora
La CIG se ha movilizado en la Cidade da Xustiza para reclamar una mayor prevención en el servicio de atención en el hogar
Protesta juicio trabajadora SAF de Salvaterra do Miño
Personal del Servizo de Axuda no Fogar, SAF, ha participado este miércoles en un acto de protesta en la sede de la Cidade da Xustiza en Vigo, convocada por la CIG, para denunciar la "nula prevención del acoso sexual en el sector". La cita tenía lugar coincidiendo con la celebración del juicio contra la empresa IDADES, responsable del SAD de Salvaterra de Miño, a quien una trabajadora reclama la rescisión de contrato por incumplimiento empresarial grave de las medidas de prevención.
En esta cita judicial la empresa ha aceptado, finalmente, la rescisión de contrato e indemnizar a la trabajadora en términos iguales al despido improcedente.
Según el relato sindical, la afectada advirtió en varias ocasiones a la empresa sobre la situación de riesgo a la que estaba expuesta en un domicilio en el que prestaba servicio, pero "IDADES se limitó a contestar que ella era una persona con formación suficiente para afrontar lo que pudiese acontecer". Meses más tarde la trabajadora sufrió una agresión sexual por la que continúa de baja hasta la actualidad.
Tras la agresión sexual, la empleada presentó denuncia ante la Guardia Civil, en el concello de Salvaterra y ante la propia empresa concesionaria del servicio. Esta última activó un protocolo de acoso que, en palabras del sindicato, "terminó sin tomar ninguna medida de prevención en el domicilio y sin siquiera comunicar el resultado del protocolo a la trabajadora".
Por su parte, la Secretaría das Mulleres de la CIG de Vigo denunció los hechos a Inspección de Trabajo, que el pasado 1 de abril emitió una resolución constatando el incumplimiento grave por parte de la empresa en materia de salud laboral por la falta de evaluación del puesto de trabajo y las medidas de prevención de cara a la trabajadora.
Situaciones de riesgo como esta son las que denuncia la CIG que, señalan, "provoca una fuerte carga física y psicológica y es prestado en la práctica totalidad por mujeres que acuden solas a los domicilios en los que atienden a todo tipo de personas dependientes, con diferentes patologías físicas o psíquicas, entre ellas adicciones".
Esto, señala el sindicato "hace que su labor tenga una exposición muy elevada a riesgos, especialmente psicosociales, acoso moral y acoso sexual, pero también riesgos físicos que terminan en lesiones musculares y esqueléticas derivadas de la manipulación de dependientes con poca movilidad".
La CIG señala las responsabilidades de las instituciones implicadas, Xunta y concellos, que eluden exigir el cumplimiento del servicio a las empresas concesionarias, amparándose en la ley de dependencia.
