Almuíña critica la actitud del Concello de Vigo con el Cunqueiro preguntado por el presunto sobrecoste en su construcción

Vigo

El que fuera conselleiro de Sanidade, el actual alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, preguntado por el supuesto sobrecoste de 470 millones en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en la comisión de investigación por los contratos de la Xunta, ha criticado la actitud "claramente obstruccionista" del Ayuntamiento de Vigo y su falta de apoyo para esta obra fundamental para el área sanitaria. Al mismo tiempo, ha reivindicado el "control exhaustivo" de la concesión que realizó la Xunta, citando el propio informe del Consello de Contas que fiscalizó la contratación de las obras, así como que la obra se hizo en un "tiempo récord" dentro de una reorganización del área sanitaria que mejoró la calidad asistencial "de forma notable".

El exconselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuiña, que ostentó este cargo entre 2015 y 2020, ha defendido así mismo la contratación pública de la Xunta y la gestión realizada durante la pandemia, en la que ha destacado la "importancia" del presidente gallego de entonces, Alberto Núñez Feijóo, como "especialista mayor".

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre la contratación pública de la Xunta, el actual alcalde de Baiona ha asegurado que el Gobierno gallego adoptó "soluciones" que fueron importantes, frente a los "errores" que cree que cometió el Gobierno central, y se hizo "un buen trabajo", con procesos que "fueron escrupulosos con la normativa" pese a la situación de emergencia.

Entre los aciertos de la Xunta ha citado la creación del comité clínico, de 33 personas "con nombres y apellidos" lideradas por Núñez Feijóo, que era "el especialista mayor, entre todos los de rango político de ese nivel", ya que contaba con "nueve años de experiencia", según Almuiña, aunque entonces llevaba once años en el cargo.

Gracias a esta trayectoria, Feijóo, que no está entre los comparecientes en esta comisión pese a las reiteradas peticiones de la oposición, pudo "colaborar con su experiencia y escuchar a la gente que estaba en las áreas sanitarias todos los días".

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El exconselleiro ha insistido en varias ocasiones en que a los 33 profesionales del comité clínico se les debería hacer "un homenaje" por los protocolos que elaboraron para mejorar la situación y decisiones como la de cerrar la comarca de A Mariña lucense una semana antes de las elecciones autonómicas de 2020, que "fue muy dura y muy drástica" pero cree que efectiva.

También ha defendido las decisiones tempranas que adoptó la Xunta como la compra de respiradores o la creación de un "stock estratégico" de material y la centralización de las compras, con empresas que considera que demostraron su solvencia "en el día a día", un total de 62 de las que "el 78 % eran proveedores habituales".

Entre ellas ha citado a Sibucu 360, una de las contrataciones criticadas por la oposición, que para la Xunta fue "solvente porque puso las mascarillas y nosotros las pagamos", ha apuntado el exconselleiro.

Por el contrario, Almuiña ha criticado que el Gobierno central cometió "errores" como "decisiones que no se tomaron", entre ellas la "tardanza" en declarar el estado de alarma, o la "falta de control" de los aeropuertos y su "incapacidad" para realizar compras centralizadas, así como una "infrafinanciación de Galicia", especialmente durante la primera etapa de la pandemia, ya que el dinero que recibía la comunidad era inferior "al que le correspondía por población".

Desde la oposición han vuelto a reprochar la contratación de emergencia realizada por la Xunta en pandemia con empresas "que no eran solventes" como Sibucu, según el diputado del BNG Óscar Ínsua, quien ha denunciado el "uso fraudulento de mecanismos" de contratación como la división en contratos menores, de los que hubo "una auténtica animalada".

Para la diputada del PSdeG Patricia Iglesias estas prácticas de la Xunta reflejan "un modus operandi durante 16 años" para la "contratación a dedo" sin concurso público para "favorecer a las empresas con vínculos personales y familiares" con cargos públicos del PP como el propio Feijóo.

El PPdeG ha acusado a la socialistas de estar "insultando cuando no imputando directamente un delito" a los funcionarios públicos de las mesas de contratación, por lo que el diputado Roberto Rodríguez le ha dicho a Iglesias que "si es cierto tiene que ir al juzgado" y ha considerado que BNG y PSdeG solo son "tontos útiles" uno para el otro, en Madrid y en Galicia.