El parque público de vivienda de la Xunta incorpora 22 inmuebles de la Sareb, tres de ellos en Vigo
El gobierno autonómico destina a este fondo más de 2 millones de fondos estatales
Kinga Krzeminska
El parque público de vivienda de la comunidad gallega incorpora 22 nuevos inmuebles de la Sareb tras destinar la Xunta algo más de 2 millones de euros correspondientes a un programa del plan estatal, con el que el Gobierno central transfiere fondos a la comunidad condicionados a la compra de estos inmuebles.
Esta operación se corresponde con once viviendas en Cee, tres en Lugo, tres en Vigo, dos en A Coruña, dos en Sarria y una en O Barco, que pasarán a ser todas de promoción pública, con carácter permanente.
En la rueda de prensa en la que la ha dado a conocer, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha cargado contra lo que considera un "absurdo" por parte del Ejecutivo central.
Y es que, en su opinión, "lo razonable sería que la Sareb cediera a la Xunta de forma gratuita estas viviendas y que el Gobierno central compensase a la Sareb de la forma que considerase oportuno, dejando que las comunidades autónomas destinaran los fondos del plan estatal de vivienda a actuaciones propias del mismo, como construcción de vivienda protegida, rehabilitación de vivienda o incluso al alquiler".
"No se puede cargar en las espaldas de las comunidades la compra de estos inmuebles una vez que la Sareb quiere desprenderse de ellos, utilizando fondos del plan estatal que se detraen de la posibilidad de empleo en otros programas", ha señalado.
El 10% de los fondos transferidos
En todo caso, a su lado en la comparecencia, el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, ha explicado que "el propio plan estatal destina obligatoriamente un porcentaje de los fondos que transfiere" a este fin. Son, según ha explicado, partidas finalistas para adquirir viviendas a la Sareb.
De ahí que, como Galicia, "todas las comunidades" optan por "consumir esos fondos", ha indicado, en lo que ve "el círculo perfecto", ya que se trata de "dinero del Estado que viene a las comunidades para que vuelva a revertir en una sociedad pública que pertenece al estado".
La Xunta ya adquirió en 2023 viviendas por 7,9 millones y "con estos 2 y pico consume esa obligación de destino, que era del 10% de los fondos transferidos por el estado", según ha precisado el también director del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Incorporar las viviendas de la Sareb al parque público
Por su parte, la conselleira ha centrado su intervención en que las viviendas de la Sareb "deberían sumarse al parque público de vivienda" mediante cesión gratuita, y así lo ha solicitado la Xunta, crítica con "la respuesta de la Sareb", que "es que descartan una cesión gratuita y que solo contemplan la venta de sus activos".
Frente a esta "absoluta falta de interés por transferir las viviendas a la Xunta", Allegue ha lamentado tener que "conformarse con una escasa oferta de posible compra de viviendas que incluso no están en condiciones de habitabilidad, carecen de licencia, tienen ocupaciones ilegales incluso, expedientes de infracción urbanística o están en ayuntamientos donde no existe demanda".
Ve "absurdo" que mientras el Ejecutivo autonómico sigue "demandando esa cesión gratuita", exista un programa del plan estatal que para la titular de Vivenda es "demagógico" y "cuyo único objetivo es financiar adquisición de estas viviendas".
En 2015, ha reivindicado que la Xunta fue "una de las primeras" comunidades que consiguió la cesión de vivienda en régimen de derecho de usufructo, con lo que gestionó 40 viviendas que alquiló a familias con alquileres asequibles.
"Los acuerdos se fueron prorrogando hasta que la sociedad (la Sareb) pasa a ser mayoritariamente pública", ha indicado, momento en el que la Xunta se sintió con la "obligación moral de comprar para garantizar la permanencia de los inquilinos" que tenía.
Así, el pasado año compró 40 viviendas propiedad hasta entonces de la Sareb y permitió "la continuidad de los inquilinos".
Para la dirigente autonómica, todo esto responde a la "incoherencia de un Gobierno que no escucha y complica un trabajo que debe ser común", el de "garantizar el acceso a una vivienda digna".
