Máxima tensión en el pleno de Santiago: el PSOE amenaza con llevar a la alcaldesa a los tribunales

Santiago de Compostela

Máxima tensión en el Concello de Santiago. La crisis abierta en el PSOE desembocó en una situación realmente rocambolesca en el pleno ordinario de abril: ediles que no se presentan, la alcaldesa, desorientada, el líder de la oposición hablando de circo... y aún se puede complicar más: los socialistas amenazan con acudir a los tribunales.

Y es que se ha vuelto a llegar a un nuevo pleno sin que se resuelva la situación de los cuatro concejales expulsados del PSOE. Las diferentes triquiñuelas empleadas por Gonzalo Muíños y sus tres compañeras, derivó en que, por una cuestión de plazos, su expulsión no se pudiera hacer efectiva en este pleno.

Así, de acuerdo con la normativa municipal, el propio Muíños seguía constando como portavoz del grupo socialista, algo que no reconoce la dirección del partido, que ve como sus representantes únicos a Marta Abal y a Sindo Guinarte, al que eligieron hace unos meses como portavoz.

A modo de protesta, ni uno ni otro aparecieron en el pleno, lo que generó momentos de desconcierto por parte de la alcaldesa, toda vez que no habían notificado su ausencia, y de tensión, con el cara a cara entre Goretti Sanmartín y Borja Verea, en el que el líder del PP acusó a la alcaldesa de permitir "un circo".

Derechos vulnerados

El PSOE amenaza con emprender la vía judicial contra la alcaldesa de Santiago, al entender que se vulneraron los derechos de sus dos concejales.

El 22 de abril, dos días antes del pleno de este mes, registraron un documento en el que recuerdan que hace más de dos meses, el 18 de febrero, notificaron que los dos legítimos representantes del Grupo Municipal Socialista eran Guinarte y Abal, y que lo ratificó la Comisión de Garantías el 14 de marzo.

No entienden por qué no se incorporó a la orden del día la toma en consideración del paso de los otros cuatro concejales al grupo de los no adscritos, vulnerando el derecho del PSOE a nombrar a sus representantes.

Creen que sólo en casos excepcionales se debe abrir el trámite de audiencia a los ediles expulsados y discrepan de las formas permitiendo que fueran los concejales los que decidieran cuándo recoger sus notificaciones.

Una actuación con arreglo a la legalidad

Ante el revuelo generado, el gobierno local emitió un comunicado en el que dicen que no impiden la representación legítima de ningún grupo y que todos los derechos están garantizados.

Dan detalles del por qué de los plazos, justificando que la última notificación fue recogida el martes 22 de abril, un día después de que se convocara el pleno. Por esto, dicen, no fue posible contar con los informes sobre las alegaciones.

En las últimas líneas aseguran que "no caben insinuaciones de parcialidad" y lamentan "el nivel de tensión generado entre diferentes miembros de la Corporación".