Gobierno y oposición enfrentados en Lugo por el parking de Fontiñas
El PP apuesta por una primera solución en un terreno de un particular mientras el Concello recuerda que esa opción ya se desechó por los propios técnicos de la Xunta

Baixamos ao café (15/05/2025)
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Lugo
Tras el anuncio del presidente autonómico, Alfonso Rueda, en Lugo de que la Xunta trasladaría una propuesta al gobierno local para construir un parking de 70 plazas en una parcela en Fontiñas, gobierno local y oposición han terminado enfrentados en torno al asunto.
Desde el grupo municipal del Partido Popular, a través de su portavoz, Elena Candia, se ha gestionado la posibilidad de que un particular, que posee unos terrenos por detrás del local de O Pan do País y que dan a la carretera de A Fonsagrada, los ceda a la institución municipal durante diez años de manera desinteresada.
La popular defiende su propuesta alegando que el gobierno local no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto para mejorar la movilidad en la zona. "Lo que es indiscutible", señaló Candia, "es que llevan desde el año 1999 siendo incapaces de resolver las necesidades de Fontiñas".
Son algo más de 3.000 metros cuadrados, con un desnivel importante, de más de 20 metros. En ellos, se habilitaría un espacio de aparcamiento que la administración autonómica propone que sea de gestión municipal.
Esta ubicación es la que el PP ha defendido como idónea desde hace ya varios años, pero como indica el propio ejecutivo local "ya se había descartado en su día por técnicos locales y de la Xunta al considerarlo inviable por las características del terreno", dice el alcalde Miguel Fernández.
Uno de los motivos de peso que llevó a los técnicos a desistir en esta ubicación eran los trabajos que habría que hacer: muros de contención y un gran movimiento de tierras.
El alcalde socialista, Miguel Fernández, critica que la popular Elena Candia actúe por iniciativa propia "o bien por desconocimiento o por buscar protagonismo". "Debería saber que esa parcela en concreto ya fue estudiada por técnicos tanto del Concello como de la Xunta y fue desestimada por las dificultades de actuación que provoca la orografía del terreno", explica el regidor.
La obra supondría un coste económico enorme, además de que actualmente la zona está catalogada como verde en el PXOM, el Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Desde la ejecutiva lucense critican la forma de actuar de la líder de la oposición, que consideran una "intromisión motivada por intereses puramente electoralistas" que "dificulta" el trabajo conjunto que las dos administraciones están realizando para encontrar "una solución real para el barrio de Fontiñas".
A pesar de todo, recuerdan que la Xunta tiene a su disposición procedimientos legales que permitirían sacar adelante el proyecto. Concretamente, los mismos que se activaron para construir el aparcamiento autonómico en la Avenida de Breogán. Sin embargo, matizan desde el gobierno local, "de escoger esta vía la Xunta de Galicia deberá asumir las consecuencias del impacto ambientales, paisajísticas, urbanísticas y sociales" de una obra que "no encaja en el modelo de ciudad".
El gobierno local considera más apropiado desarrollar otra propuesta en la que "hasta ahora parecía haber consenso" con la Xunta, según trasladan desde el Concello, y "con un coste económico y un impacto ambiental mucho menores".
Se trata de la conclusión de la Avenida Vilaverde Cidade de Portugal, donde según el gobierno local podrían crearse 310 plazas, que además "mejoraría la movilidad creando manzanas de circulación, terminando con el efecto túnel" actual.
Piden a la Xunta que se posicione públicamente sobre la propuesta de Elena Candia. También que se aclare si el gobierno gallego ha cambiado de posición sobre desarrollar la Avenida Vilaverde Cidade de Portugal.
¿Qué sucedería al pasar los 10 años de cesión?
Una de las principales dudas que genera la propuesta del grupo municipal del PP, es qué pasará cuando se terminen los diez años de cesión y el parking esté construido y en activo. Los populares no han aclarado todavía si la infraestructura pasaría a pertenecer al dueño de la finca, si podría explotarla económicamente, o cuáles serían las condiciones concretas si se decidiese desistir en la cesión. Sobre este modelo, desde el gobierno municipal entienden que no tiene "encaje legal".




