Los responsables de un prostíbulo de Vigo se enfrentan a siete años y medio de prisión
Se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores al no haber dado de alta a cerca de una veintena de personas
Imagen de archivo de Juzgados / Cadena SER
Tres personas se enfrentan a penas que suman siete años y medio de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores al no haber dado de alta a cerca de una veintena de personas en un chalet-prostíbulo de Vigo al que se le impuso la medida de cierre cautelar en 2023.
El caso será juzgado el miércoles a las 10:00 horas en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Siete años y medio de penas en total
El Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel para cada uno de los acusados y una multa de 3.000 euros, además de cinco años de suspensión de actividad para la empresa.
Dos de los procesados gestionaban el local a través de una sociedad constituida en enero de 2019, en la que uno era el administrador único y el otro actuó como apoderado desde febrero de ese mismo año, ya que su socio vivía en Portugal.
Ambos contrataron al tercer acusado, que recibía y contrataba verbalmente a las mujeres prostituidas, les entregaba sus porcentajes y cobraba a los clientes.
Sin alta en la Seguridad Social
El 15 de febrero de 2023, en una inspección conjunta de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) y la Inspección laboral, detectaron que los acusados no habían comunicado el alta en la Seguridad Social de diez trabajadoras, cuatro de ellas sin autorización de trabajo y tres en situación irregular en España.
A finales de agosto de ese año, otra inspección constató que nueve ciudadanas extranjeras no habían sido dadas de alta, de las que una estaba en situación irregular y cinco carecían de permiso para trabajar en el país.
Para los tres acusados y la firma hostelera requiere la Fiscalía que indemnicen a la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe de las cuotas resultantes de dar de alta a las personas que no lo estaban.
Sanciones previas por empleados sin contrato
La empresa ya fue multada en su momento con más de 40.000 euros por dar ocupación laboral a ciudadanos extranjeros sin autorización para trabajar.
El prostíbulo permaneció cerrado como medida cautelar desde el 15 de septiembre de 2023 hasta el 15 de marzo de 2024, cuando los propietarios del chalet interpusieron una demanda de desahucio por falta de pago.
La Tesorería tuvo que dar de alta de oficio a una docena de trabajadoras, causándoles unos perjuicios cuyo importe se desconoce, según indica el fiscal.