A Illa sigue revuelta contra las zonas residenciales y el alcalde insiste en un proceso participativo: “aquí non se agachou nada a ninguén”
Nuevo y tenso pleno con un único punto en el orden del día donde el PP solicitaba la retirada de las limitaciones de circulación por el casco urbano con multas a partir del 15 de junio; la votación no fructificó

El concejal no adscrito al grupo popular, Matías González Cañón, durante su intervención en la otra esquina del pleno

De nuevo las llamadas zonas residenciales en A Illa de Arousa fueron objeto de un tenso y bronco debate político y social. A primera hora de esta tarde el consistorio isleño acogió una sesión plenaria extraordinaria con un único punto en el orden del día que llevaba el PP a votación: la supresión de las zonas residenciales que limitarán a partir del 15 de junio el tránsito a vehículos a motor de no residentes por hasta 45 viales del ayuntamiento. Minutos antes de empezar las caras de los ediles ya eran de pocos amigos y la tensión estalló hacia el final del debate.
El gobierno local que dirige el socialista Luis Arosa con el apoyo del BNG como socio de gobierno tiene la intención de llegar hasta el final con la implantación de un proyecto que genera “dudas” a vecinos y comerciantes. El objetivo del ejecutivo no es otro que el de desatorar el denso y pesado tráfico que registra A Illa en verano: coches mal aparcados en sitios estrechos y largas colas para circular por el centro de la localidad. La medida, pues, es defendida por el alcalde como “solución” a un problema enquistado desde hace años. Luis Arosa sostiene que limitar la circulación a no residentes por áreas del casco urbano y multar a aquellos que se salten la normativa puede ser beneficioso para el conjunto del municipio. La oposición, sin embargo ve una “actitud dictatorial” por parte del regidor y pide la supresión de esta medida con la que calculan que se pueda llegar a recaudar más de 160.000 euros. “Cuestionamos as formas do alcalde porque parece que o fai cun afán recaudatorio. As multas serán de ata 200 euros si circulas por unha zona prohibida se non eres da Illa”, explica el portavoz del PP Miguel Paz. “O proxecto ten que ser consensuado con partidos políticos, colectivos, asociacións e veciños”, sentencia.
Duros reproches al alcalde
Al principio del pleno el alcalde ordenó al concejal no adscrito al grupo popular, Matías González Cañón expulsado en su día por violencia de género, que se sentase en el otro extremo de la mesa y de esta manera provocar la separación de ediles del PP. Imagen curiosa, la verdad, porque en pocos ayuntamientos se ven a concejales del mismo partidos sentados por separado argumentando lo mismo. Posteriormente, Luis Arosa no permitió la votación del único punto del orden del día a petición del PP escudándose en que las cuestiones en materia de seguridad vial son competencia exclusiva de él. Por su parte el BNG, socio de gobierno, no dejó clara su posición al respecto al considerar que es el PSOE quien tiene la competencia en el asunto.
El pleno fue subiendo de tensión y los vecinos llegaron a increpar directamente al gobierno local con frases como “sodes uns mamarrachos, buscade solucións a xente”. Los más perjudicados según explican son los comerciantes y hosteleros de las zonas residenciales al considerar que “nos van a sacar os clientes”. La presión vecinal hizo finalmente cambiar de criterio al alcalde y permitió votar el único punto: el PP votó a favor de suprimir este proyecto mientras que el PSOE y el BNG votaron en contra. Por lo tanto, sigue en pie la creación de una normativa que el 15 de junio empezará a funcionar con sanciones económicas a aquellos coches que no respeten las zonas acotadas a solo residentes. Los vecinos siguen teniendo a su disposición formularios para solicitar el paso de familiares o conocidos y de esta manera obviar la multa.




