El TSXG no admite el recurso del concello contra el Puerto de Vigo por el que reclamaba el pago de varias obras
Entre las reclamaciones están los trabajos de reparación del muelle colapsado tras O Marisquiño 2018
Foto de archivo del TSXG
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha declarado la inadmisibilidad de un recurso interpuesto por el concello de Vigo, frente a un requerimiento del Puerto, que instaba a la administración municipal a asumir el pago de 4,6 millones de euros de varias obras realizadas por el organismo portuario y que, según el convenio Abrir Vigo al Mar, corresponderían al consistorio.
El conflicto tiene su origen en el accidente ocurrido durante la celebración del festival O Marisquiño de 2018, cuando parte de un muelle se hundió y causó cientos de heridos. El enfrentamiento entre Puerto y concello sobre quién sería responsable del mantenimiento de esa infraestructura, desembocó en la ruptura del llamado convenio de 'Abrir Vigo al Mar'.
Dicho convenio, establecía que el concello debía hacerse cargo del mantenimiento de ciertas zonas, entre ellas ese muelle o el paseo de As Avenidas, una obligación que fue ratificada por los tribunales.
Ante la negativa del concello a llevar a cabo esa tarea, y tras declarar la administración local la ruptura del convenio, el Puerto resolvió asumir los trabajos de reparación del muelle, la reforma del Paseo das Avenidas y otras mejoras en la Praza da Estrela, y pasar luego la factura al consistorio.
Proceso iniciado con un requerimiento al concello
Ese proceso se inició con un requerimiento al concello para que, en el plazo de un mes, inicie el procedimiento de pago, y como medida previa a la interposición de un recurso contencioso administrativo. Y fue ese requerimiento el que fue recurrido por el concello de Vigo.
En un auto del pasado marzo, el TSXG ha declarado la inadmisibilidad de dicho recurso, porque el requerimiento del Puerto no causa indefensión a la administración local.
"A través de este requerimiento se busca dar a la Administración requerida la posibilidad de reconsiderar sus decisiones y así procurar una solución que soslaye el conflicto", señala el auto, que añade que, si finalmente el Puerto va a la vía contencioso-administrativa, el concello podría ejercitar su derecho de defensa.
