El PP de Vigo acusa al concello de "boicot" a las fiestas de los barrios
Su portavoz, Miguel Martín, cuestiona por qué se deniegan permisos con la misma normativa y documentación que fueron válidas el año anterior
Atracción Saltamontes / Mauro Picatoste
La cancelación de las fiestas de la Consolación de Coia ha puesto en el ojo del huracán la gestión del concello de Vigo en lo referente a la organización de eventos populares. El Partido Popular ha presentado una moción de urgencia, exigiendo explicaciones al gobierno local por "los problemas que enfrentan los organizadores" para obtener las autorizaciones necesarias.
Esta situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro no solo de las fiestas de Coia, sino también de eventos siguientes como las fiestas de Bouzas.
Intento de "boicot" por parte del PSOE
El PP critica que la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, no haya comparecido ante el pleno, señalando un "intento de boicot" por parte del PSOE. Insisten en que el gobierno debe aclarar las razones detrás de la denegación de permisos para fiestas y atracciones, y cómo se puede garantizar la seguridad sin impedir su celebración.
Miguel Martín, portavoz del PP, cuestiona por qué se deniegan permisos con la misma normativa y documentación que fueron válidas el año anterior y por qué no se permiten atracciones ahora si sí lo hicieron en Navidad. Además, señala una aparente disparidad en las exigencias para las comisiones de fiestas de Vigo en comparación con otros eventos, y se pregunta por qué otros 312 municipios gallegos, incluyendo los gobernados por el PSOE, sí logran compatibilizar seguridad y ocio en sus celebraciones, mientras que en Vigo parece ser un desafío.
Diferente gestión o interpretaciones más estrictas
El concejal popular es contundente al afirmar que el alcalde, Abel Caballero, "no puede o no quiere compatibilizar seguridad y ocio" y desestima la justificación de una nueva normativa de 2024, argumentando que ya era de obligado cumplimiento el verano pasado cuando las fiestas sí fueron autorizadas. Esto sugiere que las dificultades actuales podrían derivar de una gestión diferente o de interpretaciones más estrictas.