La muerte del bombero en Vigo podría tener consecuencias para sus superiores, según la Audiencia
La Justicia no aprecia homicidio imprudente atribuible a los propietarios del edificio pero señala a los superiores del fallecido
La Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictaminado que la muerte de Sergio Sanlés, bombero fallecido en acto de servicio en 2024, no parece ser un homicidio imprudente atribuible a los dueños del edificio donde ocurrió el siniestro.
Sin embargo, el tribunal sí desliza la posibilidad de que la responsabilidad recaiga en los superiores del bombero.
Exonera a los propietarios del inmueble
Sergio Sanlés, de 49 años, murió el 25 de mayo de 2024 al derrumbarse un inmueble en la Avenida de Beiramar. Los bomberos estaban interviniendo en una incidencia rutinaria relacionada con el tejado del edificio, y Sanlés fue sorprendido por el colapso de la primera planta mientras se realizaban labores de balizamiento.
El Juzgado de Instrucción 1 de Vigo había desestimado inicialmente la solicitud de la viuda de Sanlés de investigar un posible delito de homicidio imprudente por parte de los propietarios, argumentando que la responsabilidad sería civil, no penal.
La Audiencia confirma esta postura, señalando que, aunque los propietarios pudieran haber descuidado el mantenimiento del edificio, Sanlés no era un transeúnte, sino un bombero que gestionaba el riesgo por orden de sus superiores.
Responsabilidad sobre los inmediatos superiores
Ahora, la Audiencia considera fundamental determinar si la actuación se ordenó vulnerando los derechos de los bomberos, lo que podría llevar a imputar un homicidio imprudente a los responsables superiores de Sanlés.
La viuda del bombero había solicitado investigar si las tareas de balizamiento correspondían a un bombero de su rango y si existía una falta de personal en el servicio. Además, el informe de la Inspección de Trabajo señala que el balizamiento efectuado por los bomberos fue "absolutamente inadecuado".
La resolución de la Audiencia subraya la importancia de esperar los informes de Inspección de Trabajo y del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) para una valoración judicial completa.
