"Nos indigna que se nos acusa de inacción cuando abrimos 217 expedientes sancionadores"

Ourense.

El presidente de la Confederación hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, ofrecía esta mañana una rueda de prensa, tras ella, acudía a nuestro estudio Ramón Puga, para intervenir en el Hoy por Hoy Ourense. Nos explica que recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que les condena, además de a la Xunta, por la contaminación en el embalse de As Conchas ante el Tribunal Supremo.

Ha afirmado "tener los deberes hechos, no como otras administraciones" y ha explicado que pese a que la sentencia "tiene la virtud de poner un problema que estaba soterrado encima de la mesa", en una escala de "gran importancia a nivel nacional", no están de acuerdo con el fallo

Han argumentado que esto se debe a que la Confederación estaba citada a declarar y "finalmente no se le permitió hacerlo"; "no se han tenido en cuenta las alegaciones que esgrimió la propia entidad"; y tampoco las "competencias del organismo". Además, ha recriminado que la sentencia por primera vez "elimina el principio de quien contamina paga".

Quiroga ha desmentido la "inacción y pasividad" de la que se acusa a la confederación en la sentencia, aludiendo a las diferentes acciones desarrolladas desde el año 2011: la apertura de 217 expedientes sancionadores, la realización informes periódicos sobre la calidad del agua, una vez en todo el invierno, cada 15 días el resto del año y una vez a la semana cuando se experimenta un aumento de las cianobacterias a través de una red de 59 puntos de control en la Limia, o actuaciones de saneamiento en diferentes ayuntamientos, entre otras. Fruto de ese control, ha explicado, el Ministerio de Transición Ecológica promulgó la declaración de aguas afectadas por nitratos en mayo de 2022, por la que "se tendría que haber puesto en marcha por parte de la administración autonómica la declaración de zona vulnerable", un paso "para poner remedio a la contaminación", que "no se hizo".

En este contexto, la Confederación Hidrográfica ha recordado que los vertidos continúan sin un "tratamiento adecuado y carecen de las buenas prácticas necesarias" para mitigar los impactos ambientales.

"Estamos delante de un modelo de ganadería intensiva en un territorio muy pequeño, alrededor de 300 granjas en más o menos 400 kilómetros cuadrados, que a nivel de vertidos equivalen a 2,1 millones de habitantes. Esto tiene una repercusión medioambiental y en la salud bestial", ha subrayado.

Quiroga ha asegurado que "cada administración tiene que cumplir su mandato y el Gobierno gallego se está excusando para no enfrentar el problema". "El Ministerio de Transición Ecológica tiene los deberes hechos. Hay otras Administraciones que miran para otro lado y no los tienen. Si estuvieran hechos a lo mejor la problemática no sería tan seria, tan importante y tan profunda como se está revelando". Además, ha afirmado que "las granjas tienen una gran responsabilidad por parte de los ayuntamientos y de la Consellería de Medio Rural y Medio Ambiente", por lo tanto la "competencia de la Confederación no es cerrarlas".