Bruselas da un ultimátum a España por la prórroga de la concesión de la AP-9
Los servicios comunitarios dan ahora un plazo de dos meses al Gobierno para que responda
La Comisión Europea ha enviado un nuevo ultimátum al Gobierno para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y Ap-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas; un asunto que de no resolverse en el plazo de dos meses los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Bruselas "insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas", ha indicado la propia institución al informar del envío de un dictamen motivado a las autoridades nacionales para dar seguimiento al expediente sancionador que abrió por estas causas.
España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 por periodos de 25 y 29 años, respectivamente, para posteriormente vender ambas concesionarias "sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso" en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria, según describe el Ejecutivo comunitario.
Por ello, Bruselas considera que sendas prórrogas constituyen "modificaciones sustanciales" que son "equivalentes" a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un "procedimiento de licitación competitivo", de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.
Plazo de respuesta
Así las cosas, los servicios comunitarios dan ahora un plazo de dos meses al Gobierno para que responda a las inquietudes notificadas en el dictamen de Bruselas y "tome las medidas necesarias" para corregir las irregularidades.
A falta de una solución, advierte el Ejecutivo comunitario, podrá optar por iniciar la tercera fase prevista en los procedimientos de infracción y que implica denunciar al Estado miembro por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Reacciones
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, sin entrar en el fondo de la cuestión ha recordado que sin esta prórroga hecha por el PP, los gallegos estaríamos ya disfrutando de una autopista gratuita.
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Abel Losada, subdelegado del Gobierno en Pontevedra, sobre el ultimátum de Bruselas sobre la prórroga de la AP-9
Desde la Asociación En Colectivo que presentó la denuncia ante la Comisión Europea han pedido que el gobierno atienda ya al requerimiento de la Comisión Europea y rescate la concesión. Aseguran que la vía del recurso ya no está abierta y que la única vía que queda es la judicial, en caso de que de nuevo no se atienda a este requerimiento y finalmente sean los tribunales europeos los que obliguen al gobierno a rectificar esta concesión.
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Diego Maraña, de En Colectivo, sobre la decisión de Bruselas sobre la prórroga de la Ap-9
