El parking de San Antonio ha cerrado definitivamente

El parking de la plaza de San Antonio cesó esta madrugada su actividad por sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense. El subsuelo del aparcamiento es de dominio público, por lo que se ordenó cerrar cualquier uso privado. Además, el juzgado emitió este lunes un auto en el que se desestima la petición de inejecución de la sentencia interpuesta por la comunidad de propietarios y apoyada por el Concello. Por tanto, continúa la ejecución, lo que implica el desalojo de los vehículos de las plazas de garaje, como apunta el abogado Antonio Feijoo.

El conflicto urbanístico se remonta al año 2007, cuando se concedieron las licencias de obra, ocupación, actividad y apertura del subsuelo de la plaza. Finalmente se dictaminó que ese espacio es de dominio público y por tanto no puede haber actividades privadas. El párking rotatorio ocupa las dos últimas plantas y la empresa concesionaria alertó esta semana a los usuarios de que el 21 de julio a las 23.59 cesaban la actividad para cumplir con la sentencia.

Sin embargo, para los propietarios de las plazas de garaje todavía quedaba la incertidumbre de lo que pasaría con sus espacios. La comunidad de vecinos de cinco edificios de la plaza de San Antonio había solicitado la inejecución de la sentencia por «imposibilidad legal y material en su ejecución». El Concello apoyó la solicitud y trasladó el planteamiento al juzgado. Alegaban que la jurisprudencia recoge que cuando se anula una licencia urbanística, implica la obligación de demolición del inmueble afectado. Por tanto, en el caso del subsuelo de San Antonio sería imposible aplicar la sentencia, ya que no se puede separar físicamente la propiedad privada de lo construido en el dominio público.

La jueza recoge que en este caso lo que se debe es incorporar lo cedido al dominio municipal. «Dado que el ente local no puede renunciar a un bien de dominio público, debe recuperar la posesión del subsuelo de la plaza de San Antonio», argumenta. Una vez recuperado por el Concello, se regulará mediante autorización o concesión administrativa correspondiente. Por tanto, el juzgado acaba de desestimar la petición y ordenó continuar con la ejecución de los trámites. Como apunta el abogado Antonio Feijoo, que fue quien interpuso la demanda en el año 2021 para declarar la nulidad de las licencias, el siguiente paso es el cese del uso de las plazas particulares. El juzgado deberá dar un plazo prudencial a los propietarios para que desalojen el espacio. «No hay otro remedio que liberar el subsuelo público completamente, dejándolo libre y expedito de ocupantes, y, en todo caso, impedir el uso de todo espacio bajo la rasante de la plaza», argumentó. Esta situación incluye tanto el paso a través de la rampa que transita por dominio público, como el estacionamiento de vehículos o el uso de trasteros. «No es posible que los coches sigan accediendo sin la previa y justificada obtención de la correspondiente autorización», defendió.