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Transportistas de mercancías instan al Gobierno a reclamar la anulación de las prórrogas de concesión de la AP-9

La Asociación de Transportistas de mercancías reclamará 150.000 euros en desde 2013 en concepto de costes

VIGO, 27/07/2025.- La AP-9 vuelve a ser protagonista del verano gallego por las consecuencias legales de la prórroga de la concesión de una infraestructura que lleva desde la ciudad de Ferrol hasta la frontera lusa conectando en su recorrido cinco de las siete principales ciudades gallegas en un área que aglutina a más de dos tercios de la población de esta comunidad. EFE/ Salvador Sas / Salvador Sas (EFE)

VIGO, 27/07/2025.- La AP-9 vuelve a ser protagonista del verano gallego por las consecuencias legales de la prórroga de la concesión de una infraestructura que lleva desde la ciudad de Ferrol hasta la frontera lusa conectando en su recorrido cinco de las siete principales ciudades gallegas en un área que aglutina a más de dos tercios de la población de esta comunidad. EFE/ Salvador Sas

A Coruña

Transportistas de Galicia exigen al Gobierno Central que pida la nulidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9. En un escrito dirigido al Ejecutivo aseguran que el rescate implicaría mayor coste y reclaman la anulación de las prórrogas después de que la Unión Europea dictaminase su ilegalidad. La última prórroga fue autorizada por el Gobierno de Aznar. La Asociación empresarial de transporte de mercancías por carretera cuantifica en 50 euros al día lo que le cuesta a un camión circular por la AP-9. Calcula que si se consigue la nulidad de las prórrogas el colectivo puede llegar a reclamar unos 150.000 euros desde 2013.

La entidad recomienda a los transportistas que guarden la documentación relativa al cobro de los tickets de los peajes de la Autopista porque -dice- en un futuro "muy lejano" podrían reclamar. La Asociación insta al Gobierno, como responsab a pedir la nulidad de las prórrogas de la concesión porque tiene la obligación de "limpiar los actos administrativos nulos".

La Xunta reitera que el Gobierno Central debe dar el paso hacia el rescate de la Autopista y calcula en 2.356 millones de euros el desembolso que tendría que hacer el Estado, según un informe de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras aprobado por el Consello. Alfonso Rueda sostiene que es la alternativa más viable y la mejor solución y añade que cuanto más tiempo pase, por el lucro cesante, más caro saldrá el rescate y la liberalización de los peajes.

Apetamcor considera en un comunicado divulgado este martes que tanto la prórroga de diez años aprobada en 1994 por el Gobierno de Felipe González como la posterior, decretada por la Administración presidida por José María Aznar en 2000, que prolongó 25 años más el plazo de explotación, son nulas "de pleno derecho".

Así lo ha indicado el abogado de Apetamcor, Xoán Antón Pérez-Lema, y ha indicado que esa interpretación, avalada en su opinión por la jurisprudencia europea, permitiría proceder al rescate para los poderes públicos de esa infraestructura sin tener que indemnizar a la concesionaria por el lucro cesante y reduciría enormemente la cuantía de esta operación.

Pérez-Lema ha citado un reciente informe elaborado por la Universidade da Coruña (UDC) que fija entre 900 y 1.200 millones el coste de asumir los daños y pérdidas de la concesionaria; muy por debajo de los 2.356 millones que calcula la Xunta y más lejos aún de los hasta 6.000 millones con los que ha llegado a especular el Ministerio de Transportes.

El posible coste de esta operación, ha relatado el abogado, ha sido una de las principales razones para que el Ejecutivo central se haya opuesto a acometerla; razón por la que cree que, bajo estos preceptos, podría ejercerse más "presión social" para que se atendiese a la solicitud de la nulidad de las dos prórrogas de la autopista.

De forma paralela a esta petición, Apetamcor también reclama al Gobierno asumir la responsabilidad patrimonial por el cobro indebido de peajes desde 2013 en caso de declararse nula la concesión, de manera que los usuarios que conserven tíquets o facturas puedan pedir también la devolución de estos importes.

En caso de que la Administración central no atienda a sus requerimientos, Apetamcor prevé elevar sus reclamciones mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

División en el proceder de la patronal gallega

Precisamente otra de las asociaciones de la patronal del transporte en Galicia, Fegatramer, ha anunciado recientemente su intención de acudir al Tribunal Supremo para exigir por vía judicial la nulidad de estas dos prórrogas.

Sin embargo, Apetamcor ha manifestado su disconformidad con esta manera de proceder, al considerar que esta solicitud previa al Gobierno es el "camino correcto" y "evita costes innecesarios y precipitaciones sin garantías", según la gerente de la organización, Natalia Blanco.

"Podría ser más garantista para una reclamación futura. Por eso quisimos hacer ese paso previo", ha agregado Blanco.

 

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