La nueva ordenanza de Lugo permitirá expropiar inmuebles en ruina si los propietarios incumplen

Lugo

La vivienda es uno de los problemas que más preocupa al conjunto del país y por ende también a los lucenses. El paradigma de la capital de Lugo lleva tiempo siendo el mismo: Hay mucha demanda, pero poca en oferta en comparación con la cantidad de vivienda antigua abandonada y en ruinas.

La rehabilitación de inmuebles en el casco histórico es una tarea que lleva tiempo pendiente para las administraciones competentes. La ciudad crece, en número de habitantes y en nuevas construcciones, pero los edificios antiguos siguen intactos y vacíos.

El concello viene de poner en marcha una ordenanza con la que regula la conservación y rehabilitación de edificios con la que pretende recuperar inmuebles deteriorados, especialmente en el centro histórico de una manera más eficiente.

El director general de Urbanismo en Lugo, Hipótilo Pérez, explica que con las últimas leyes, "que han ido cambiando todo este tiempo", hacía falta en la capital una herramienta legal que permitiera obtener frutos y no procesos estancados por incongruencias o vacíos legales.

Uno de los problemas que a día de hoy existe para la recuperación de inmuebles abandonados son las trabas burocráticas, el choque entre leyes y la complicación de se contundentes ante la negativa de los propietarios, en caso de que se sepan quienes son, el obstáculo más difícil de saltar hasta ahora.

"Las propiedades suelen ser herencias que hasta ni los herederos saben qué tienen. Tampoco están en el registro de la propiedad los titulares reales, ni tampoco en el catastro, el problema más grande, tal vez, para la administración, es identificar y notificar a los propietarios de ese incumplimiento el deber de conservación", relata Pérez.

Hasta ahora esos propietarios podían negarse a resolver las deficiencias detectadas por la administración ya que las herramientas legales que tenía el Ayuntamiento estaban desactualizadas y no encajaban bien con las leyes urbanísticas actuales, lo que generaba inseguridad jurídica y bloqueos en los procesos.

Con esta nueva ordenanza esto se evitará pues en esta norma se contemplan medidas como multas a propietarios que incumplan sus deberes, ejecución subsidiaria de obras y expropiación o venta forzosa del inmueble.

Este paso último paso, remarca Pérez, solo ocurre después de que el propietario haya sido notificado y haya tenido oportunidad de alegar. Si no cumple, se inicia otro procedimiento, lo que añade más tiempo al proceso de resolución final.

Para Pérez, aunque los tiempos no son ágiles, cuando la administración actúa con firmeza, se genera un efecto que acelera la colaboración de los propietarios. “Cuando la gente ve que la administración empieza a tomar medidas, empieza a expropiar, empieza a dictar orden, entonces, pues, la mayoría de los propietarios sí que cumplen.”

¿Qué es una venta forzosa?

Hipólito Pérez menciona la venta forzosa como uno de los instrumentos legales que la nueva ordenanza permitirá activar en casos graves de incumplimiento por parte de los propietarios.

Esto significa que, si un propietario no cumple con su deber de conservar el inmueble y no responde a las órdenes de ejecución pasado todo el tiempo que recoge la ley, el Ayuntamiento podría iniciar un proceso legal que termine en:

• Expropiación forzosa: el Ayuntamiento se queda con el inmueble.

• Venta forzosa: el inmueble se pone a la venta obligatoriamente, aunque el propietario no quiera.

• Sustitución forzosa: otra persona o entidad realiza las obras necesarias en lugar del propietario y este después lo abona.

Hipólito lo plantea como una última herramienta para desbloquear situaciones que llevan años sin solución. "En muchos casos, los propietarios no actúan, y el deterioro del edificio afecta a la ciudad entera porque si un edificio tiene desprendimientos que ponen en peligro a los viandantes, afectando a todo el conjunto de la ciudadanía, y ahí el concello tiene que entrar".

En el fondo, el principal cometido de esta norma es "proteger el patrimonio urbano y mejorar la seguridad jurídica".

Por delante, ahora, un mes de exposición pública para que se puedan hacer las alegaciones que se considere y que el propio área de Urbanismo responda, así que si todo va sobre los planes establecidos, la ordenanza entrará en vigor a finales de este mismo año 2025.