España responde a Bruselas por la AP-9 mientras Rueda exige que sea "libre y gratuita lo antes posible"
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al Gobierno a no alargar el proceso con un recurso
Puente de Rande / Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
El Gobierno español ha respondido a la Comisión Europea con un recurso formal, cumpliendo así el plazo de dos meses establecido por Bruselas en relación con la prórroga de la autopista AP-9. El Ejecutivo central busca defender los intereses generales y aportar "aclaraciones precisas" sobre el caso, según fuentes del Ministerio de Transportes.
Desde el Ministerio se ha asegurado que esta respuesta no es el final del procedimiento y que el Gobierno analizará los siguientes pasos de la Comisión Europea para "agotar las posibles opciones de respuesta".
La prórroga, que extiende la concesión hasta 2048, fue una decisión del Partido Popular, y el actual Gobierno ha recordado que ha implementado bonificaciones para los usuarios.
La Xunta y la oposición reclaman una solución definitiva
En paralelo a la respuesta del Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que la AP-9 debe ser "libre y gratuita lo antes posible". Rueda ha pedido al Gobierno "estar a la altura" de las circunstancias y ha reivindicado el esfuerzo de su ejecutivo en materia de infraestructuras viarias.
Estas declaraciones se produjeron antes de que se conociera la respuesta oficial a Bruselas, pero tras el ultimátum de la Comisión en julio, que considera que la prórroga de la AP-9, junto con la de la AP-66, vulnera las reglas de contratación pública de la Unión Europea.
Peajes "injustos e ilegales"
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al Gobierno a no alargar el proceso con un recurso, pues ello solo dilataría una solución que considera necesaria. Pontón ha calificado los peajes de la AP-9 como "injustos e ilegales" y ha pedido que se ponga fin a ellos de forma inmediata.
La Comisión Europea había dado un plazo de dos meses, que expira este miércoles, para que el Ejecutivo español enmendara las irregularidades. De no haberlo hecho, el caso podría haberse elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.