El gobierno vigués tomará medidas legales contra el sindicalista que profirió insultos machistas durante el Pleno
El Concello de Vigo advierte: "Tolerancia cero con la violencia verbal"
Imagen de archivo del Pleno municipal de Vigo
El gobierno municipal de Vigo ha anunciado que "procederá de acuerdo con los servicios jurídicos" tras los "insultos" proferidos por representantes del sindicato CIG durante la sesión plenaria celebrada este pasado lunes. El ejecutivo local ha advertido que no tolerará "actitudes de violencia verbal" contra ningún miembro de la Corporación.
La concejala Yolanda Aguiar denunció que se vivió una situación "totalmente antidemocrática" en el momento de votar una moción del BNG relativa a la mejora del Servizo de Axuda no Fogar.
Altercado tras la votación
Según la versión del gobierno, un grupo de trabajadoras y delegados de la CIG, que presenciaban el debate, comenzaron a corear consignas reclamando mejores condiciones laborales una vez finalizada la votación.
La edila Aguiar señaló directamente a "un dirigente de la CIG" que "gritó y amedrentó de modo muy grave al concejal del PP, Fernando González Abeijón". Además, la misma persona habría "insultado a todos los miembros de la Corporación", prestando especial atención a la primera teniente de Alcalde, Carmela Silva, quien en ese momento presidía la sesión. Aguiar calificó estas acciones como "actitudes condescendientes y machistas" dirigidas a Silva.
La concejala socialista también puntualizó que no fue la presidenta del Pleno quien decidió la expulsión de las trabajadoras por la protesta en sí, sino que la Policía Local desalojó la sala únicamente "después de los insultos y actitudes amenazantes de los representantes sindicales" contra varios concejales.
El incidente se produjo cuando, ante los cánticos y protestas, Carmela Silva interrumpió brevemente la sesión. Tras unos minutos, la teniente de Alcalde anunció un "receso" de cinco minutos y solicitó a los agentes que procedieran al desalojo del salón de plenos.
El Concello vigués opta así por la vía legal para responder a lo que considera "un grave ataque a la institución y a la democracia".
