ADEGA presenta alegaciones al estudio de impacto ambiental de Monte Mero
Advierte de que el plan afectará el anillo verde diseñado para A Coruña por la Unión Europea
A Coruña
Seguimos pendientes de la futura urbanización de Monte Mero donde la Xunta pretende impulsar la construcción de viviendas tras iniciar un procedimiento PIA que ha levantado protestas de vecinos y organizaciones ciudadanas. La asociación ecologista ADEGA presentó alegaciones al plan de evaluación ambiental antes de que terminara el plazo, el pasado 30 de septiembre. Advierte de que a día de hoy los afectados que viven en la zona no saben qué pasará con sus casas que, de entrada, van a ser expropiadas a precio de suelo rústico. Advierte de que el plan afectará el anillo verde diseñado para A Coruña por la Unión Europea.
Un anillo que abarca desde Monte Mero a San Cristóbal concebido, según ADEGA, como un gran bosque que sirva a pulmón para la ciudad y sirviera como corredor ecológico conectado con la Ría de O Burgo. En sus alegaciones ADEGA pide que se cree un corredor ecológico este-oeste que mantenga ese valor. Subraya también la falta de transparencia para los vecinos afectados.
Los vecinos afectados por el derribo de sus viviendas en Monte Mero, Chan da Agra, O Foxo y parte de Pedralonga son unas doscientas personas a las que la Xunta ha comunicado que decretará la expropiación forzosa de sus casas. Advierten que tendrán que convertirse en promotores, pagando gastos de urbanización con dinero que no tienen, si aceptan la alternativa que ofrece la administración en la zona de Pedralonga.
Han pedido una entrevista con la Alcaldesa Inés Rey.
La Xunta ha comunicado a las asociaciones de vecinos de Eirís y Pedralonga la futura demolición de las 38 casas existentes en la zona. En un principio aseguró que una parte de las casas se integrarían en las nuevas urbanizaciones. Ahora les ofertan comprar sus propiedades como suelo rústico, a 10-12 euros metro cuadrado cuando se ofrecían 400 en el mercado inmobiliario hace un año.
La administración autonómica ha aprobado la vía PIA para agilizar la urbanización de la zona donde se acometerá la construcción de 4.310 viviendas. El 80 por ciento serán para régimen protegido o público, unas 3.400. Unas 860 serán viviendas libres. Los vecinos afectados denuncian que este modelo de gestión impide la participación ciudadana y agiliza los trámites con menos posibilidad de reacción.
