El TSXG avala el despido de un preso de su trabajo en la prisión de Pereiro

Un preso del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar fue despedido del puesto de trabajo que ocupaba en el taller de actividades auxiliares de enfermería en salud mental y toxicomanías por presuntamente pedir dinero a la madre de un interno durante un permiso penitenciario para contratar un abogado, algo que no hizo- tampoco devolvió la cantidad prestada: 1.500 euros-.

Este no es el primer empleo que le concedía el centro, ya que primero estuvo en el taller de actividades auxiliares subalterno. Estuvo desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2023, momento en el que pidió que le asignasen la vacante en el módulo de enfermería. Lo consiguió y el 10 de dicho mes se suscribió contrato de trabajo y cursó alta en la Seguridad Social como trabajador.

Sin embargo, el nuevo empleo solo le duró unos meses. A principios de septiembre -entre el 8 y el 11- disfrutó de un permiso de salida y aprovechó para ir a la vivienda de otro preso del que él es interno de apoyo. Presuntamente, aprovechó para pedirle dinero a la madre de este aludiendo a que lo necesitaba para contratar a un abogado. Ella le dio 1.500 euros, pero él no realizó ninguna gestión para conseguir un letrado ni devuelve el dinero.

Es por ello que la persona que se lo prestó contactó el Centro Penitenciario de Pereiro para informar de la situación e interpuso denuncia. Cuando el hijo de la afectada comunica a su compañero de cárcel que su madre le ha denunciado, este le dijo: “Te mato porque voy a perder el destino y los permisos”. Lo que perdió fue su puesto de trabajo en la prisión. El 3 de octubre de 2023 la Junta de Tratamiento acordó a extinción de la relación laboral especial y ese mismo día se remitió escrito al preso comunicando la extinción, cursando este baja en la Seguridad Social.

Tras esta decisión, el interno decidió acudir a la justicia. Sin embargo, tanto el Social 2 de Ourense como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestiman sus pretensiones. El abogado del recurrente indicó en su escrito que la carta de extinción “cita una serie de conductas genéricas y estereotipadas que impiden defenderse adecuadamente”. Sin embargo, los magistrados del alto tribunal gallego consideran que la decisión está suficientemente motivada y aluden a la resolución del director del centro, en la que se hace constar que la extinción de la relación se adopta por “la involución en el tratamiento al haberse incumplido las condiciones de disfrute de un permiso ordinario, con indicios de comisión de un delito”.