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Los estudiantes salen a la calle en Vigo para reclamar protocolos eficaces y más recursos contra el acoso escolar

FOANPAS se suma a las demandas y denuncia la lentitud de las administraciones

Manifestación del Sindicato de Estudiantes contra el bullying en Galicia

Manifestación del Sindicato de Estudiantes contra el bullying en Galicia

Una ola de indignación ha recorrido las calles de Vigo este martes. El Sindicato de Estudiantes convocaba una jornada de huelga bajo el contundente lema “¡Basta de bullying! ¡Basta de discursos de odio! ¡Hai responsables!”.

La movilización, que se iniciaba en la Farola de Urzaiz, nace como respuesta directa al presunto acoso escolar que llevó al suicidio a Sandra Peña, una joven sevillana de 14 años, generando un movimiento que algunos comparan con un "Me Too" estudiantil.

Antía Sampedro, del Sindicato de Estudiantes, explicó que las demandas del estudiantado se dirigen directamente a la Administración y a los centros educativos. Los manifestantes no buscan la criminalización de los agresores, sino la implementación de soluciones efectivas y recursos que prevengan las agresiones y las atajen "cuanto antes".

Entre sus peticiones se encuentra la de retirar la financiación a los colegios concertados que no cumplan con los protocolos de acoso, además de incrementar los recursos generales destinados a la prevención.

FOANPAS denuncia la lentitud administrativa

La preocupación no solo reside en el alumnado, sino también en las asociaciones de familias. FOANPAS ha manifestado su alarma ante el acoso escolar y, en particular, por la lentitud en la activación de los procesos.

Sheila Silva, responsable de NEAE en la entidad, reveló que un gran número de padres, tanto de víctimas como de agresores, acuden a la organización en busca de asesoramiento. Silva enfatiza que los agresores también son menores y subraya la necesidad de medidas preventivas y la apertura inmediata de protocolos para frenar tanto las conductas agresivas como el sufrimiento.

Caso Monterrey: "El "inspector rehusó acudir"

Este lunes la familia de la alumna del Colexio Monterrey que ha sido presuntamente víctima de acoso escolar, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que denuncian que, pese a tener conocimiento del caso, el centro no activó el Protocolo de Acoso Escolar hasta que la familia lo demandó.

La situación se agrava al revelar que, transcurridos trece días desde la activación del protocolo, no se ha producido ningún contacto directo por parte de la Consellería de Educación con la familia.

Además, denuncian que solicitaron expresamente la presencia del inspector de educación en una reunión con la dirección del centro, y este "rehusó acudir". Los padres consideran la presencia de la Inspección Educativa "indispensable para garantizar imparcialidad, transparencia y seguimiento".

La familia exige que, ante hechos de especial gravedad, la Inspección Educativa actúe de oficio, sin necesidad de requerimiento familiar, y sea la propia Inspección la que eleve el informe a la Consellería para la aplicación de las medidas disciplinarias o sancionadoras correspondientes.

 

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