El concello de Ponteareas asegura estar atendiendo a las 74 familias afectadas por la huelga del SAF
Represas ha querido agradecer públicamente el "compromiso y profesionalidad" de las trabajadoras que no secundan la huelga
Una empleada del SAF participa en la protesta durante la celebración del Pleno Municipal de Ponteareas
El Concello de Ponteareas ha emitido un mensaje de "serenidad y claridad" al asegurar que está garantizando la atención a las 74 familias afectadas por la huelga indefinida del Servizo de Axuda no Fogar, convocada por el sindicato CIG desde el pasado 26 de septiembre.
A través de un comunicado, el consistorio ponteareano ha querido tranquilizar a los usuarios, indicando que, a pesar del paro, la atención a las personas dependientes se mantiene.
Agradecimiento a la plantilla
El concejal de Hacienda y responsable del contrato, Francisco Represas, ha detallado la situación de la plantilla: de las 61 trabajadoras que componen el servicio, 13 secundan la huelga, 18 se encuentran de baja médica y el resto "continúa prestando atención con total normalidad".
Represas ha querido agradecer públicamente el "compromiso y profesionalidad" de este grupo mayoritario de trabajadoras, cuya labor ha permitido al Concello garantizar el servicio, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad y reorganizando turnos y tareas donde ha sido necesario.
Servicios mínimos
El Gobierno local, si bien ha manifestado su respeto por el derecho a la huelga, ha "rechazado rotundamente el uso político y la manipulación" que, según el consistorio, se está haciendo del conflicto desde la CIG y el BNG.
En respuesta a la reclamación judicial del sindicato CIG sobre la supuesta abusividad de los servicios mínimos, el Concello ha rebatido las acusaciones, asegurando que "no se reduce ningún servicio a menos de 45 minutos" y que incluso varios de ellos han sido ampliados por encima de ese periodo.
Sanción a la concesionaria
Paralelamente al conflicto laboral, el Concello de Ponteareas acordó este miércoles, en un pleno ordinario, la apertura de un expediente sancionador a la actual concesionaria del servicio, la empresa Óbolo, por los incumplimientos detectados en la prestación durante los últimos meses.
El importe total de las sanciones propuestas asciende a 22.507 euros. El consistorio ha justificado esta vía como el mecanismo legal procedente, ya que una rescisión contractual no impediría a la empresa presentarse en un futuro concurso público.
Por su parte, el Secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, advirtió también este miércoles que el sindicato "luchará hasta el final" para conseguir su objetivo principal: la rescisión del contrato con la empresa concesionaria.
