PP y BNG de Vigo denuncian que la sentencia sobre el patrocinio de Guns N'Roses evidencia negociaciones "al margen"

A pesar de que el fallo del TSXG da la razón al Concello de Vigo en su contencioso con la promotora, eximiéndolo del pago de más de 1,5 millones de euros, los grupos municipales del PP y BNG no han dudado en interpretar la decisión judicial como una confirmación de las "irregularidades" en la gestión del Gobierno de Abel Caballero.

Ambos partidos de la oposición han coincidido en señalar que la sentencia del TSXG ratifica la existencia de negociaciones entre el Concello y la empresa promotora al margen del procedimiento de concurso de patrocinio que se abrió posteriormente.

El PP mantiene las "irregularidades"

Desde el Partido Popular, se ha insistido en que el dictamen judicial, aún no firme, "no niega las irregularidades del gobierno local" y "se basa en una cuestión formal".

"Nadie pone en duda que existía un acuerdo previo entre el gobierno local y la promotora para la celebración del concierto," han apuntado los populares, recordando que "todo Vigo sabe que el alcalde anunció un concierto apoyado por el Concello meses antes de sacar a concurso un contrato público".

El PP subraya que el TSXG mantiene "todos los reproches a la actuación" del gobierno local ya señalados en la sentencia de primera instancia, incluyendo la "evidente descoordinación entre sus diversos departamentos". Los populares han recordado además que el propio Gobierno local acabó por "tumbar" el concurso al percibir que podrían "incurrir en un delito".

El BNG habla de "chalaneo" y exige ceses

Por su parte, el BNG ha tildado la actuación de "irregular" como "un evidente ejemplo del chalaneo contractual" y de la mala gestión del Gobierno socialista.

El BNG celebra que el fallo impida que la gestión "irresponsable e irregular" de Caballero "le acabe costando a los vigueses casi 2 millones de euros de dinero público". Sin embargo, advierten que la resolución del TSXG "no contradice la existencia de prácticas irregulares" y subraya que el tribunal le reprocha a la promotora no haber declarado su participación en la preparación del procedimiento de contratación, acreditando una "vida negocial previa" a la licitación.

Los nacionalistas han reclamado "asumir responsabilidades políticas", empezando por el cese de la concejala Patricia Rodríguez, a quien consideran responsable "del falso concurso público y de la trama irregular que envolvió el concierto". Además, el BNG ha reiterado su petición para reforzar los mecanismos de control, con medidas como la constitución de una comisión de vigilancia de la contratación, la elaboración de una ordenanza municipal de transparencia y la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción.