A Coruña, Vigo y Santiago piden una normativa autonómica para controlar los VTC
La FEGAMP pide a la Xunta que asuma su responsabilidad en la gestión de las VTC
Alberto Varela Paz., presidente de la FEGAMP
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
A Coruña
El debate sobre la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) continúa generando fricciones en Galicia. El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Alberto Varela, ha reprochado a la Xunta de Galicia su falta de implicación en la gestión de este tipo de transporte, instando a la administración autonómica a asumir su deber regulador.
Durante una reunión con representantes de los ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Santiago, Varela insistió en la necesidad de una normativa autonómica clara y coordinada que establezca los límites de actuación de los VTC, un sector que crece en las principales ciudades gallegas.
“No parece razonable que la regulación quede únicamente en manos de los ayuntamientos. La Xunta debe implicarse, como ya han hecho otras comunidades autónomas”, subrayó el presidente de la FEGAMP.
Competencias municipales y autonómicas: un vacío que agrava el conflicto
Actualmente, la normativa autonómica permite que las VTC realicen trayectos interurbanos, pero deja en manos de los concellos la regulación dentro del término urbano. Esta dualidad de competencias ha generado confusión y malestar entre los profesionales del taxi, que denuncian la falta de control sobre los servicios que operan dentro de las ciudades.
Desde la FEGAMP y los municipios afectados se reclama información y coordinación con la Xunta, especialmente sobre los criterios y estudios que utiliza la Consellería de Mobilidade para otorgar licencias de VTC. “Los ayuntamientos no tienen acceso a esa información, lo que dificulta su capacidad de gestión y control”, advirtió Varela.
A Coruña, Vigo y Santiago piden una regulación común
Los tres principales ayuntamientos gallegos —A Coruña, Vigo y Santiago— han solicitado una mesa de diálogo con la Xunta para consensuar una estrategia común. El objetivo: desarrollar ordenanzas municipales coordinadas que eviten el descontrol en la circulación de VTC dentro de las ciudades.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha recordado el compromiso del Concello con el sector del taxi y la intención de crear una ordenanza específica que regule los servicios de VTC. Además, ha exigido a la Xunta que deje de conceder licencias sin establecer límites y que se implique de forma activa en el desarrollo de una normativa más precisa.
“La actual normativa autonómica es genérica y traslada toda la carga a los concellos. Necesitamos un marco común que garantice equilibrio entre ambos sectores”, ha señalado Rey.
Posturas enfrentadas: PP y BNG discrepan sobre las medidas necesarias
El Partido Popular considera que la regulación vigente es suficiente y que el foco debe ponerse en el cumplimiento de la ley. Según su portavoz en A Coruña, Miguel Lorenzo, la Xunta ha emitido 112 actas de infracción en lo que va de año por servicios irregulares dentro del ámbito urbano, y pide al Gobierno local que refuerce sus propios controles.
Por su parte, el BNG llevará al pleno municipal una moción para exigir que el Concello sancione a las VTC que operen dentro de la ciudad y que la Xunta retire las autorizaciones a las empresas reincidentes. La concejala Avia Veira insiste en que ambas administraciones deben actuar de forma conjunta para proteger al sector del taxi y garantizar una competencia justa.
Los taxistas reclaman límites y control sobre las licencias
El sector del taxi mantiene su postura firme: exige a la Xunta que establezca un número máximo de autorizaciones de VTC, igual que existe un límite para las licencias de taxi. Los profesionales consideran imprescindible una coordinación autonómica que evite la saturación del mercado y la pérdida de rentabilidad del taxi tradicional.
De no producirse avances en las próximas semanas, los taxistas no descartan movilizaciones en las principales ciudades gallegas.
Conclusión: la urgencia de una regulación clara y consensuada
El conflicto entre taxis y VTC en Galicia sigue sin una solución definitiva. La falta de una normativa autonómica concreta y la división de competencias entre la Xunta y los concellos mantienen abierto un debate que afecta tanto a la movilidad urbana como al equilibrio económico del sector del transporte.
La creación de una mesa de diálogo autonómica parece ser el primer paso para alcanzar un consenso que aporte seguridad jurídica y estabilidad a ambos sectores.
