El PP de A Coruña pide investigar los contratos verbales anulados del Gobierno local por 340.000 euros
Miguel Lorenzo acusa al Gobierno local de recurrir a contrataciones verbales y exige explicaciones
A Coruña
EL PP de A Coruña va a solicitar que se convoque una reunión de la comisión de transparencia para investigar varios contratos verbales del Gobierno local que fueron declarados nulos por el interventor municipal y el consello consultivo. Son los expedientes correspondientes al festival Womex del año 2023, la Tall Ship Race de ese mismo año y la Cena del Deporte de 2022, por valor de 340.000 euros.
En el último pleno municipal se aprobó investigar la contratación de estos expedientes en la comisión de transparencia ya existente a propuesta de una enmienda del BNG, que contó con el voto favorable del Gobierno local. Los conservadores proponían crear una comisión informativa especial. Los conservadores llamarán a declarar en primer lugar a los concejales de Cultura y Deportes, departamentos responsables de estos eventos. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en A Coruña, denuncia la contratación verbal que dice que se está haciendo.
En materia de contratación, los conservadores alertan también de la sentencia reciente del Supremo que condena al Concello a pagar una indemnización a la empresa Servicios Ingesan por prorrogar el contrato de ayuda a domicilio durante 3 años, sin tramitar mientras un nuevo pliego. La concesionaria había manifestado que no quería continuar prestando el servicio y sin actualizar los precios. Consideran los conservadores que puede sentar un precedente para las concesiones que se encuentran en precario actualmente, como la recogida y tratamiento de residuos o el transporte urbano.
El expediente al que se refieren, por un valor de 340.000 euros, incluye el festival Womex del año 2023, la Tall Ship Race de ese mismo año y la Cena del Deporte de 2022. Desde intervención se determinó que estos eventos se habían contratado verbalmente, sin procedimiento y sin disponer de crédito presupuestario suficiente, según los conservadores, obligando al Gobierno local a indemnizar a los proveedores al anularse el contrato. El PP quiere con esta comisión determinar posibles responsabilidades políticas, es decir, quien tomó esa decisión.
