El Concello de Vigo acusa a la Xunta de "incautarse" los antiguos juzgados de la calle Lalín

El pleno del Concello de Vigo celebrado este lunes se convirtió en el escenario de un enfrentamiento político entre el grupo socialista y el Partido Popular a cuenta de la titularidad del edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín.

El Gobierno local acusó a la Xunta de Galicia de pretender "incautarse" del inmueble, de titularidad municipal, mediante una disposición incluida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que acompaña a los presupuestos autonómicos, una acusación que el PP ha calificado de "falsa" y "grave".

Atropello e incautación

El grupo de gobierno llevó al pleno una moción para el "rechazo de la incautación" del edificio. El concejal de Facenda, Jaime Aneiros, tildó la medida de la Xunta como un "atropello" y acusó al gobierno gallego de intentar "expropiar por la puerta de atrás bienes de los demás entes de la Comunidad Autónoma".

Aneiros se refirió específicamente a la disposición adicional vigésimo quinta de la ley, que habla de cooperación y regularización, pero que, según él, debería llamarse "de incautación". El edil socialista mantuvo que los bienes forman parte del inventario del Concello vigués y calificó la maniobra de "manifiestamente inconstitucional, ilegal y casi delictiva", advirtiendo además que "pone en riesgo" a los 313 municipios de Galicia.

El concejal solicitó formalmente a la Xunta de Galicia que "retire esa disposición adicional" y que mantenga la legalidad de la inscripción de la propiedad a favor del Concello.

Aumento de la inversión

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Miguel Martín, defendió la postura de la Xunta, asegurando que la moción socialista era "del todo falsa y con acusaciones muy graves". Martín negó rotundamente las acusaciones de incautación y recordó que la titularidad municipal del edificio "está en cuestión".

El portavoz popular destacó que la Xunta tiene prevista una inversión de más de 20 millones de euros en el inmueble para la creación de un centro de asociacionismo, un proyecto que, según Martín, beneficiaría a la ciudad.

El BNG, si bien apoyó la moción de los socialistas, hizo un llamamiento a la "cooperación leal" entre el Gobierno gallego y el local. No obstante, el grupo nacionalista consideró que la iniciativa de la Xunta es "inapropiada en el fondo e inaceptable en la forma" y que es necesario "defender el patrimonio municipal de Vigo".