Juzgan en Vigo a los responsables de una red de explotación sexual y laboral
Mantenían sin contrato a 19 mujeres en un club de alterne de Castrelos
Imagen de archivo de la operación policial contra la red de explotación sexual en Vigo
La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión, además de una multa de 3.000 euros, para cada uno de los tres responsables de un club de alterne situado en la ciudad de Vigo.
A los acusados, dos socios y un encargado, se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores tras detectarse que mantenían empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercían la prostitución sin haberlas dado de alta en la Seguridad Social.
El caso llega a los tribunales tras una investigación conjunta realizada por la Inspección de Trabajo y agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional. Las autoridades realizaron dos inspecciones en el establecimiento, que operaba en un chalé de la zona de Castrelos.
Situación irregular
Durante las visitas policiales, los agentes constataron la presencia de 19 mujeres trabajando en el local al margen de la legalidad laboral. Según el escrito de acusación, ninguna figuraba en los registros de la Seguridad Social y, en varios casos, carecían de permiso de trabajo o se encontraban en situación irregular en España.
El perfil de las trabajadoras afectadas era mayoritariamente de origen extranjero. Como consecuencia de estas irregularidades, la sociedad encargada de la gestión del club ya fue sancionada administrativamente por la Seguridad Social con una multa de 40.000 euros.
Cierre del local y posible acuerdo
La actividad del club cesó definitivamente en septiembre de 2023. A la situación legal de los gestores se suma un conflicto civil, ya que los propietarios del inmueble donde se ubicaba el negocio denunciaron a los acusados por el impago del alquiler.
La vista oral está señalada para este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. No obstante, fuentes jurídicas apuntan a la posibilidad de que las defensas y la Fiscalía alcancen un acuerdo de conformidad antes del juicio, lo que podría implicar una rebaja en las penas de prisión solicitadas a cambio del reconocimiento de los hechos.
