El centro de atención a víctimas de violencia sexual de Vigo está gestionado por una constructora, denuncia Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha publicado, con motivo del 25-N, un informe que pone de manifiesto que las mujeres víctimas de violencia sexual en Galicia encuentran numerosos obstáculos para acceder a una "atención integral y especializada" por parte de la administración pública.

El informe técnico que recoge esta información, titulado "Me estoy enterando por ti de que estos servicios existen", analiza la situación de los centros de crisis, tres años después de la entrada en vigor de la Ley integral de libertad sexual.

Amnistía Internacional denuncia que España, en general, incumple la recomendación del Consejo de Europa de contar con un centro de crisis 24 horas por cada 200.000 habitantes. En el caso de Galicia, la ratio es de "un centro por cada 541.166 habitantes", una cifra que no garantiza el estándar exigido, aunque desde la ONG señalan que ninguna comunidad autónoma lo logra.

Situación del centro en Vigo

A pesar de que Galicia sí cumple con la condición de mantener los centros abiertos las 24 horas, desde la ONG denuncian que la ubicación de los mismos, en hospitales públicos, dificulta el acceso de las víctimas. En el caso de Vigo, el centro se encuentra en el Hospital Álvaro Cunqueiro, impidiendo el acceso a pie por parte de las víctimas.

Allí, los investigadores constataron la falta de señalización del servicio dentro del hospital, llegando a ser guiados por un celador que "algo había escuchado" sobre el servicio.

La investigadora Virginia Álvarez, autora del informe, enfatiza que si las víctimas "no cuentan con una información precisa, accesible y pedagógica, esto puede provocar que se perpetúe el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma". La portavoz de la ONG en Galicia, Sara Prieto, denuncia la situación del centro en Vigo:

El informe denuncia que la empresa que gestiona el centro de crisis de Vigo pertenece al "sector de la construcción" y el resto de entidades gestoras gallegas "no indican tener como eje de trabajo o experiencia principal la atención a las víctimas de violencia sexual". Por ello, Amnistía subraya la "necesidad de mejorar" la información y la promoción de los recursos, sugiriendo su difusión en centros de salud y a través del tejido asociativo.

Doble discriminación

El informe advierte sobre la doble discriminación que sufren mujeres con perfiles específicos. De hecho, numerosas trabajadoras sexuales, según recoge el estudio, han expresado su "desconfianza" a la hora de acudir por los "estereotipos y prejuicios" asociados a su actividad. De igual modo, mujeres migrantes en situación irregular evitan solicitar ayuda en estos centros ubicados en complejos hospitalarios, por temor a que la falta de tarjeta sanitaria sea un impedimento.

A esto se suman las dificultades añadidas para las mujeres rurales por la centralización de los servicios en núcleos urbanos.

Por su parte, la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, dependiente de la Xunta de Galicia, envió alegaciones a Amnistía Internacional en las que manifestaba su "disconformidad con las consideraciones y conclusiones" del informe.