El juicio a tres responsables de un prostíbulo de Vigo por fraude laboral se aplaza hasta febrero
Discrepancias en la deuda con la Seguridad Social frustran el acuerdo de conformidad
Cidade da Xustiza Vigo
El juicio contra los tres responsables de un chalet que operaba como prostíbulo en Vigo, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores por no dar de alta en la Seguridad Social a 20 mujeres explotadas, ha sido suspendido por segunda vez. La vista estaba prevista para este jueves en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pero ha tenido que posponerse hasta el próximo mes de febrero.
La causa de esta nueva suspensión no ha sido otra que "discrepancias en las cuotas" que reclama la Seguridad Social a los acusados, a pesar de que las partes habían alcanzado un principio de acuerdo de conformidad.
El proceso ya había sido aplazado el pasado mes de mayo debido a la baja de un abogado. Ahora, las diferencias sobre la cuantía de la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social han impedido que se celebrase la vista, a pesar del pacto inicial.
Peticiones fiscales
La Fiscalía mantiene su petición de dos años y medio de cárcel para cada uno de los tres acusados, junto con una multa de 3.000 euros y cinco años de suspensión de actividad para la sociedad que gestionaba el local. El Ministerio Público también exige que los acusados y la firma hostelera indemnicen a la TGSS por el importe total de las cuotas no abonadas.
Los hechos se remontan a dos inspecciones clave:
- 15 de febrero de 2023: Una inspección conjunta de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales y la Inspección laboral detectó que diez personas no estaban dadas de alta, incluyendo cuatro sin permiso de trabajo y tres en situación irregular en España.
- Finales de agosto de 2023: Una segunda inspección confirmó que otras nueve ciudadanas extranjeras trabajaban sin alta, cinco de ellas sin permiso de trabajo.
La TGSS tuvo que dar de alta de oficio a una docena de estas personas, generando unos perjuicios económicos cuyo importe aún está por determinar. La empresa, que ya fue multada con más de 40.000 euros por emplear a extranjeros sin autorización, gestionaba el local mediante una sociedad constituida en enero de 2019.
Dos de los procesados eran el administrador único y el apoderado (este último actuando dada la residencia en Portugal de su socio). El tercer acusado se encargaba directamente de la gestión de las mujeres, contratándolas verbalmente, entregando sus porcentajes y cobrando a los clientes.
El prostíbulo permaneció cerrado como medida cautelar desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, cuando los propietarios del chalet interpusieron una demanda de desahucio por falta de pago.
El caso, que pone de relieve la explotación laboral en el contexto de la prostitución, deberá esperar ahora hasta febrero para intentar la formalización del acuerdo o la celebración del juicio.
