El TSXG sanciona a la Xunta por retrasar el protocolo de acoso en el Conservatorio de Vigo
La Xunta deberá pagar 7.501€ a una profesora por tardar en activar el protocolo de acoso
Conservatorio Profesional de Música de Vigo / Google Maps
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado una sentencia que obliga a la Xunta de Galicia a indemnizar con 7.501 euros a una profesora del Conservatorio Profesional de Música de Vigo. La condena se debe al retraso en la activación del protocolo de actuación ante una denuncia por acoso laboral interpuesta por la funcionaria.
El alto tribunal gallego estima parcialmente un recurso de suplicación presentado por la profesora, concluyendo que la Consellería de Educación "incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales" al tardar en poner en marcha el mecanismo de protección.
Denuncias sin respuesta
La trabajadora solicitó la activación del protocolo de acoso a principios de octubre de 2022, después de un periodo de "desencuentros" con la dirección y otros funcionarios del centro. Sin embargo, apenas dos semanas después, se le comunicó el archivo de su solicitud.
La situación llevó a la profesora a realizar una nueva petición en marzo de 2023 y, ante la falta de respuesta efectiva, presentó una demanda ante los juzgados en junio de 2023.
El Juzgado de lo Social 6 de Vigo había absuelto inicialmente tanto al director del CMUS como a la Consellería de Educación. No obstante, la funcionaria decidió recurrir esta decisión ante el TSXG.
Infracción por falta de prevención
Aunque el TSXG desestimó varios de los argumentos de la demandante, rechazando una nueva valoración de la prueba, sí fue contundente en su valoración de la actuación administrativa:
"El retardo en la activación del protocolo de acoso por parte de la Xunta de Galicia constituye una actuación que contraviene la normativa de prevención de riesgos laborales." El tribunal subraya que la Consellería solo activó finalmente el protocolo y emitió el informe correspondiente después de que la profesora presentara la demanda judicial.
Por ello, el TSXG ha condenado a la administración autonómica al abono de 7.501 euros a la funcionaria "por infracción en materia de prevención de riesgos laborales", marcando un precedente en la exigencia de celeridad y cumplimiento de la normativa en estos casos. Contra esta sentencia, aún cabe interponer un recurso de casación para Unificación de Doctrina.
