Vigo recurrirá la anulación del cobro del agua a O Porriño e insiste en la deuda millonaria
El Concello destaca que el juez una deuda total de más de 5 millones de euros
Imagen del embalse de Eiras en Fornelos de Montes
El gobierno municipal de Vigo ha confirmado este jueves que presentará un recurso de apelación contra la reciente sentencia del contencioso administrativo que anuló el acuerdo plenario que actualizaba las cantidades a cobrar al Concello de O Porriño por los costes de mantenimiento y las infraestructuras hidráulicas del suministro de agua desde la presa de Eiras.
En un comunicado, el Concello de Vigo asegura que recurrirá la resolución, la cual derivó en la anulación de las liquidaciones de 2023, pero enfatiza que la sentencia "legitima la exigencia de cobro" por parte de la ciudad olívica, al reconocer la competencia de Vigo para exigir el pago por los costes de unas infraestructuras de las que O Porriño se beneficia y que Vigo costea íntegramente.
Reconocimiento de la deuda
El gobierno vigués subraya que, a pesar de la anulación del acuerdo por una "cuestión formal", el fallo judicial y el propio perito de O Porriño reconocen la metodología de cálculo de la repercusión de costes utilizada por Vigo como correcta.
El Concello destaca que el juez reconoce explícitamente que O Porriño adeuda a la administración local viguesa más de 5 millones de euros, criticando que el concello de O Louro reclame la anulación sin estar al día con sus obligaciones económicas.
La anulación de las liquidaciones se basa, según la nota municipal, en un defecto de forma: la falta de justificación y desglose de toda la documentación que soporta los gastos exigidos.
El gobierno municipal vigués insiste en que la sentencia recoge que O Porriño "no puede negar la mayor y seguir sosteniendo, como hace, que la demandada carece de título para exigirle nada", haciendo referencia a los múltiples pronunciamientos judiciales desfavorables a sus intereses en esta controversia.
El Concello de Vigo confirma que recurrirá la resolución judicial "en defensa del interés público de la ciudad" y para seguir exigiendo el pago de la deuda por los servicios y las inversiones realizadas en las infraestructuras hidráulicas.
