El Gobierno de Uruguay mantiene la vigencia del contrato de Cardama pese "a los fuertes indicios de fraude"

Vigo

La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, confirmó en una tensa sesión de interpelación en el Senado que, "a día de hoy no está decidida la rescisión del contrato" con el astillero vigués Cardama, a pesar de las "severas irregularidades" y "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado" descubiertos en la documentación del acuerdo.

Pero lo cierto es que pese a la controversia que rodea la contratación de dos patrulleras oceánicas por 82 millones de euros, el actual Gobierno no ha ejecutado la ruptura del acuerdo y la investigación administrativa sigue en curso.

Irregularidades

La ministra Lazo detalló cronológicamente los hechos, señalando que el contrato fue firmado a finales de 2023 por el Gobierno anterior. La polémica se centra en dos puntos críticos:

• Aval Bancario Fraudulento: Cardama demoró casi un año en presentar las dos garantías necesarias para proteger al Estado. Sin embargo, el actual Ejecutivo descubrió que el supuesto banco garante, Eurocommerce, "no es un banco ni tiene entidad" y posee "fuertes indicios de actividad fraudulenta", careciendo incluso de empleados y con una web con "datos falsos".
• Firma Notarial Presuntamente Falsificada: Un análisis de la documentación reveló que se habría utilizado la firma falsificada de un notario valenciano, supuestamente insertándola desde la última hoja de otro documento, para intentar legitimar el aval irregular.

29 Millones Adelantados

A pesar de que Cardama envió la renovación del aval calificado de irregular en octubre (conociendo ya el Gobierno la situación del supuesto banco), la ministra Lazo admitió la complejidad de la situación, indicando que "no hay plan B" para conseguir las patrulleras, que son necesarias para la Defensa.

El dilema es mayor, dado que ya se han adelantado casi 29 millones de euros del total del contrato. Lazo recalcó la necesidad de "recuperar" este dinero para evitar su "pérdida definitiva," sugiriendo que la decisión de mantener el contrato o rescindirlo está ligada a esta recuperación.

La sesión terminó en un cruce de acusaciones con el exministro de Defensa, Javier García (ahora en la oposición), quien criticó la intención de rescindir el contrato de forma "ilegítima" con España, calificándolo de "decisión política". Sin embargo, la ministra insistió en que la decisión final aún no está tomada, sino que depende de los resultados de la investigación administrativa.