Los sindicatos responsabilizan a la Xunta de la agresión al vigilante del Hospital de Oza
Un vigilante de seguridad del Hospital de Oza ha perdido parte de una oreja por el mordisco de un paciente ingresado en la unidad de psiquiatría
A Coruña
Un vigilante de seguridad del Hospital de Oza ha perdido parte de una oreja este sábado al ser agredido por un paciente ingresado en la unidad de psiquiatría. El enfermo empezó a propinar golpes y patadas contra las paredes de su habitación y el vigilante acudió a calmarle. Cuando consiguió sujetarle el enfermo le mordió y le arrancó parte del lóbulo de la oreja derecha y del cartílago. USO y UGT exigen a la Consellería de Sanidade y al SERGAS que adopten medidas tras la grave agresión. Piden materiales de protección para los vigilantes y que trabajen en pareja ante situaciones complicadas como la que nos ocupa. Señalan que la Xunta no ha cumplido los compromisos de la mesa de negociación iniciada a petición de los sindicatos.
Estos dos sindicatos advierten que esta agresión no es un hecho aislado ni imprevisible, sino la consecuencia directa de la falta de decisiones y de avances efectivos pese a las alertas lanzadas por los trabajadores. Recuerdan que existieron reuniones previas con la Consellería de Sanidade para mejorar la seguridad en los centros sanitarios y las condiciones en las que se presta el servicio de vigilancia sin resultados.
Señalan que los vigilantes afrontan agresiones físicas y verbales de forma recurrente con plantillas ajustadas, salarios bajos y sin un reconocimiento acorde al riesgo real del puesto. De hecho el plus de peligrosidad habitual es de 170 euros mensuales y ellos cobran 20.
Fuentes del CHUAC señalan que pedirán información a los responsables clínicos y se valorará, señalan, el contexto. Puntualizan que el servicio depende de una empresa externa de seguridad y "cada ámbito tiene sus propios protocolos, normas y reglas que vienen determinados por los expertos". Señalan que el vigilante fue dado de alta tras prestarle asistencia. UGT y USO rechazan que la Consellería de Sanidade intente derivar el problema exclusivamente a la empresa adjudicataria del servicio cuando es la Xunta la que contrata y establece los protocolos.
