El "radar" de Consumo detecta casi 7.000 pisos turísticos ilegales en Galicia

El mapa del alojamiento vacacional en Galicia afronta un terremoto administrativo. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la comunidad gallega se ha posicionado como la tercera autonomía con más pisos turísticos ilícitos detectados en la plataforma Airbnb, sumando un total de 6.956 anuncios irregulares.

Esta cifra supone el 10,7% de todo el fraude detectado a nivel nacional, una estadística que impacta directamente en ciudades con alta presión turística como Vigo, donde la proliferación de estas viviendas ha marcado el debate social y urbanístico de los últimos años.

Radiografía del fraude

La investigación del Ministerio, que ha desembocado en una multa histórica de 64 millones de euros contra Airbnb, revela un patrón claro en el territorio gallego:

• 6.897 alojamientos se anunciaban sin incluir ningún tipo de número de registro
• 59 anuncios utilizaban un número de registro falso para intentar burlar los controles

Galicia solo es superada en volumen de irregularidades por la Comunidad Valenciana (21.807) y Canarias (12.486), situándose por delante de destinos tan masificados como Baleares.

El impacto en Vigo

En el caso de Vigo, el Concello ha mantenido una vigilancia activa sobre las Viviendas de Uso Turístico, que en barrios como el Casco Vello o el entorno de la calle Príncipe han crecido de forma exponencial.

Desde el Ministerio aclaran que estas sanciones corresponden a infracciones previas a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, la nueva herramienta que hace obligatorio el número de registro en toda España y que busca, precisamente, que los concellos tengan un control total y en tiempo real sobre quién alquila su propiedad.

"La normativa gallega ya obligaba a incluir este número, a diferencia de lo que ocurría en Madrid o Andalucía, lo que ha facilitado que Consumo pueda actuar con mayor contundencia en nuestra comunidad", explican fuentes del sector.

Airbnb recurrirá la sanción

Por su parte, la plataforma ya ha anunciado que presentará un recurso contra la multa de 64 millones. Mientras tanto, el Ministerio subraya que, además de los problemas de registro, existen miles de anuncios en grandes ciudades que, aunque no puedan ser eliminados por vía estatal al ser competencia municipal, como ocurre en Madrid con 15.200 casos, siguen estando en el punto de mira de las inspecciones locales.