Vigo aprobará este viernes su proyecto de Zonas de Bajas Emisiones sin previsión de multas

El Concello de Vigo dará un paso administrativo clave este viernes con la aprobación, en Xunta de Goberno Local, del proyecto de Zonas de Bajas Emisiones.

A pesar de la obligatoriedad de delimitar estas áreas de circulación restringida, el Gobierno municipal ha sido tajante: el sistema nace sin carácter sancionador.

Un modelo basado en el "consenso"

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha insistido en que su administración no tiene intención de imponer multas a los conductores que accedan a estas zonas sin permiso.

Para el regidor, el modelo de las ZBE, derivado de la normativa europea, resulta "inadecuado" al considerar que penaliza directamente a las familias con menor poder adquisitivo que no pueden permitirse la transición a un vehículo eléctrico.

"Nuestro proyecto no es el proyecto de las multas, es el del consenso social", remarcó Caballero, subrayando su intención de alcanzar un "gran pacto" que permita la regulación del tráfico sin necesidad de medidas coercitivas.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, el portavoz municipal del PP, Miguel Martín, ha rebajado la euforia del anuncio, aclarando que la aprobación de este viernes es únicamente un paso técnico. Según Martín, este trámite es el paso previo a la ordenanza definitiva, lo que confirma que las ZBE no estarán plenamente implantadas en Vigo antes de que finalice el año.

El Partido Popular ha mostrado su preocupación por las posibles consecuencias financieras de este retraso y del modelo propuesto por Caballero. Advierten que la puesta en marcha efectiva de estas zonas era un requisito vinculado a la recepción de fondos para bonificar los billetes del autobús urbano.

Cifra clave: 1,9 millones de euros es la cuantía que, según el PP, el Concello podría verse obligado a devolver por no cumplir con los plazos y condiciones exigidos.

El horizonte de la movilidad en Vigo

Con este movimiento, Vigo busca equilibrar la balanza entre el cumplimiento de las directrices medioambientales y la protección de los ciudadanos ante la inflación y la crisis de costes.

Sin embargo, queda pendiente determinar cómo se gestionará el control de acceso si se renuncia definitivamente a la vía sancionadora y cómo afectará esto a la calidad del aire y a las subvenciones europeas comprometidas.