La Audiencia de Pontevedra cierra definitivamente la vía penal por el accidente de O Marisquiño
La corrosión "invisible" exime de responsabilidad penal a los técnicos
El pantalán hundido durante la celebración de un concierto del festival O Marisquiño / Cadena SER
Siete años después del colapso del muelle durante el festival O Marisquiño, la justicia penal pone punto final a la búsqueda de responsables individuales. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado el archivo provisional de la causa, confirmando que no existen indicios suficientes para llevar a juicio a técnicos del Concello de Vigo o de la Autoridad Portuaria.
La instrucción no ha logrado identificar a un responsable penal concreto por la "acción u omisión" que derivó en el derrumbe de la estructura en agosto de 2018, un accidente que dejó cientos de heridos y conmocionó a la ciudad.
Los puntos clave de la resolución
La decisión de la Audiencia desestima los recursos de cinco de los afectados, quienes insistían en señalar a los técnicos públicos por un presunto incumplimiento del deber de vigilancia.
Sin embargo, los magistrados basan su decisión en tres pilares fundamentales. No se ha podido acreditar que los investigados tuvieran asignadas tareas específicas de mantenimiento sobre la zona colapsada en el momento del siniestro.
Los informes periciales determinaron que el deterioro de la estructura, provocado por el agua del mar, era imperceptible desde la superficie.
En el momento de la construcción, los estándares técnicos consideraban el hormigón un material "perenne", por lo que no se exigían inspecciones profundas que hubieran detectado la corrosión interna.
Un laberinto administrativo
Uno de los aspectos más críticos del auto es la mención a la "prolijidad y confusión" administrativa sobre qué organismo debía vigilar la plataforma. Aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya había señalado al Concello de Vigo como responsable del mantenimiento en el ámbito administrativo, la Audiencia aclara que esto no se traduce automáticamente en un delito penal para sus trabajadores.
"No fue posible identificar un responsable penal concreto de la acción u omisión que causó el accidente", concluye el órgano instructor.
Con la vía penal clausurada, el proceso judicial no termina necesariamente aquí para los perjudicados. La resolución deja abierta la puerta a otras vías legales para buscar compensaciones económicas:
Jurisdicción Civil: Demandas contra las aseguradoras o entidades responsables.
Vía Contencioso-Administrativa: Reclamaciones contra las administraciones públicas por su responsabilidad patrimonial.