Registros en Vigo dentro de la macrooperación contra el fraude en hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha asestado un golpe a una de las estructuras criminales más importantes detectadas hasta la fecha en el sector energético español. En el marco de la denominada Operación 'Pamplinas Stars', las autoridades han logrado desarticular una macrotrama de defraudación de IVA en el mercado de los hidrocarburos que, desde 2024, habría generado un agujero de más de 300 millones de euros en las arcas públicas.

Esta red, que contaba con una compleja arquitectura de 38 sociedades mercantiles, operaba con una implantación nacional que se extendía desde Galicia hasta Andalucía.

18 registros en diferentes ciudades

La intervención ha contado con el despliegue de más de 160 funcionarios que realizaron de forma simultánea un total de 18 entradas y registros en diversos puntos del país. La operación puso uno de sus focos en Vigo, donde se ubicaron registros clave, aunque la acción también alcanzó inmuebles y sedes sociales en Madrid, Majadahonda, Humanes, Siero, Zaragoza, Castejón del Puente, Montoro, Lucena, Marbella, Estepona y Mijas.

Durante estas inspecciones, los agentes intervinieron un gran número de propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, embarcaciones, obras de arte y artículos de lujo, además de metales preciosos, importantes sumas de dinero en efectivo y una cantidad notable de criptoactivos gestionados a través de cientos de cuentas bancarias.

Cinco detenidos

En cuanto a las responsabilidades penales, la operación se ha saldado con la detención de cinco personas consideradas los cerebros de la organización. Entre ellos figura uno de los líderes principales, quien ya ha ingresado en prisión por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción y dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, sitúan el origen de las pesquisas a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria detectó un volumen de ventas inusual por parte de un operador mayorista.

Eludir el control fiscal

El esquema defraudatorio aprovechaba la normativa previa a la reforma de enero de 2025 para eludir el control fiscal inmediato. La organización utilizaba de forma sucesiva tres operadoras principales que se daban el relevo para dar continuidad al fraude una vez que la administración detectaba las irregularidades.

La primera operadora basó su actividad en declarar cuotas de IVA devengado muy inferiores a sus ventas reales, apoyándose en empresas instrumentales para facturar a los clientes finales. Tras ser inhabilitada esta primera empresa, una segunda tomó el testigo en octubre de 2024, logrando defraudar 123 millones de euros en apenas treinta días antes de ser dada de baja.

Finalmente, una tercera entidad intentó retomar la operativa en diciembre, siendo expulsada del mercado por las autoridades a los cinco días de iniciar su actividad fraudulenta.

Esta mecánica delictiva no solo suponía un perjuicio directo para el erario público, sino que generaba una grave distorsión en el mercado. Al no ingresar el IVA repercutido, la trama podía ofrecer precios mucho más bajos que el resto de competidores legales, lo que facilitó una expansión agresiva y masiva por todo el territorio nacional.

Además, la red contaba con el apoyo de asesorías legales y testaferros para transferir los beneficios al extranjero, intentando así borrar el rastro del dinero obtenido ilícitamente.

La operación sigue abierta mientras se analiza la ingente documentación incautada para determinar el alcance total del blanqueo de capitales.