El Concello de Vigo blinda los grandes servicios públicos en una junta extraordinaria de fin de año

Vigo

El Gobierno municipal de Vigo cerrará el presente ejercicio con una decisión administrativa de calado. La Alcaldía ha convocado para este 29 de diciembre una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local con el fin de desencallar y prorrogar los contratos que sostienen el funcionamiento básico de la ciudad: la movilidad y el ciclo del agua.

Nuevo contrato del transporte urbano

El orden del día incluye el expediente de contratación del servicio de transporte urbano de viajeros en autobús (Expte. 4537/449). Este paso es fundamental para el futuro de la movilidad en Vigo, ya que busca dar estabilidad y seguridad jurídica a la gestión de los autobuses urbanos, un servicio esencial para la conectividad de los barrios y la sostenibilidad de la ciudad.

Así, el actual modelo concesional pasa a uno de contrato por servicio, lo que permitirá al Concello una gestión directa de las líneas con modificación de rutas, ajustando el transporte a la demanda real de la ciudadanía. Este cambio de modelo ya ha sido aprobado en pleno.

Prórroga en el servicio del agua

Junto al transporte, el otro gran eje de la reunión será la gestión del agua. El Gobierno local tiene previsto aprobar la actualización de las retribuciones del periodo 2022-2024 vinculadas a la concesión de la "Gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento".

Este ajuste económico llega acompañado de la prórroga de la actual concesión administrativa (Expte. 2491/441). Con esta medida, el Concello garantiza la continuidad operativa y técnica de las infraestructuras de suministro, asegurando que el mantenimiento de las tuberías y el tratamiento del agua sigan funcionando sin interrupciones bajo el marco contractual actual.

Críticas oposición

El concejal Miguel Martín denuncia que el año acabará con una nueva prórroga para Aqualia a solo dos días de que venza la actual. Según los populares, el contrato —vigente desde 1991 y caducado originalmente en 2016— se alargará por tercera vez el próximo lunes. Además, el PP señala que la concesionaria solo ha justificado obras por 18,4 millones de euros, cuando la cifra comprometida debería alcanzar los 40 millones.

En una línea similar, Xabier Pérez Igrexas. desde el BNG, ha incidido en las "irregularidades", asegura, de un contrato que el Bloque considera "agotado" y que lastra la gestión de un recurso básico.

La respuesta del Gobierno Local

Ante estas acusaciones, el concejal de Fomento, Javier Pardo, ha defendido la gestión municipal asegurando que se trata de una prórroga totalmente legal. Pardo ha aprovechado su intervención para preguntar por qué cuando gobernaban este contrato no era un problema, y señala los 6 millones del cánon del agua que se paga a la Xunta "y no revirte en nada a la ciudad".