En Colectivo insta al Gobierno a ejecutar el dictamen europeo y anular la concesión de la AP-9 hasta 2048
Denuncian la ilegalidad de la prórroga: "Somos españoles de tercera"
Imagen del Puente de Rande en la Ría de Vigo
La Asociación de Consumidores "En Colectivo" ha alzado la voz contra el reciente incremento en las tarifas de los peajes de la autopista AP-9, una subida que califican de "inaceptable".
Según la entidad, es inadmisible que se siga encareciendo el uso de una infraestructura cuya situación jurídica actual definen como "ilegal".
El conflicto de la concesión hasta 2048
El portavoz de la asociación, Diego Maraña, ha recordado que existe un dictamen motivado de la Comisión Europea que señala que la ampliación de la concesión de la autopista hasta el año 2048 se realizó incumpliendo la normativa comunitaria. Esta resolución fue fruto de una denuncia interpuesta precisamente por En Colectivo.
"El Gobierno tiene la obligación de ejecutar este dictamen, lo que conllevaría la anulación de la ampliación de la concesión y, por consiguiente, la gratuidad para todos los gallegos", explicó Maraña.
Gallegos como "españoles de tercera"
Desde la asociación lamentan que el Ejecutivo central, a pesar de conocer la "situación irregular" de la vía, utilice el coste económico como argumento para no actuar. Critican que se permitan incrementos que suponen un gasto desorbitado para los usuarios en una comunidad donde la AP-9 es la única vía de comunicación vertebradora de norte a sur, sin alternativas reales de movilidad.
La queja de En Colectivo también adquiere un tinte político y territorial. Maraña ha denunciado un agravio comparativo con otras regiones de España, asegurando que los gallegos son tratados como "españoles de tercera división".
"Deberíamos reflexionar sobre qué quiere el Gobierno para Galicia; si esta situación se hubiera producido en Cataluña o el País Vasco, este tema estaría solucionado desde el minuto uno", aseveró el portavoz.
Exigencia de soluciones
Ante este escenario, En Colectivo mantiene su hoja de ruta firme:
- Paralización y congelación inmediata de cualquier incremento en las tarifas
- Anulación de la prórroga de la concesión siguiendo las directrices europeas
- Implementación de la gratuidad definitiva de la vía para paliar el perjuicio acumulado de los usuarios
