La Fiscalía pide hasta 6 años de cárcel por un desfalco de 136.000 euros en una empresa de O Porriño
Tres acusados se sientan este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este martes el juicio contra tres hombres acusados de un delito continuado de apropiación indebida.
La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 5 y los 6 años de prisión, tras considerar probado que se lucraron a costa de una empresa de O Porriño dedicada al diseño de soluciones láser, desviando fondos y recursos por un valor superior a los 136.000 euros.
Materiales ajenos para beneficio propio
Según el escrito de la acusación pública, el principal implicado ejerció como gestor de la firma afectada hasta su cese en 2019.
Aprovechando su posición de mando, que incluía la dirección de una filial en México enfocada al sector de la automoción, el acusado habría orquestado una red paralela junto a los otros dos procesados.
Entre 2018 y 2019, los tres individuos constituyeron tres sociedades mercantiles ajenas a la empresa matriz. A través de estas nuevas entidades, captaron pedidos de maquinaria para el sector automovilístico mexicano.
Sin embargo, para ejecutar dichos proyectos, no asumieron los costes de producción, sino que emplearon materiales y recursos técnicos sufragados íntegramente por la empresa de O Porriño.
Un perjuicio de 136.000 euros
La operativa permitía a los acusados obtener un beneficio neto casi total, ya que la empresa denunciante era la que, sin saberlo, costeaba los suministros de los trabajos que ellos cobraban de forma privada. El Ministerio Fiscal cifra el perjuicio patrimonial total en 136.121,81 euros.
Por estos hechos, la Fiscalía desglosa las peticiones de condena de la siguiente manera:
Para el exadministrador: 6 años de cárcel como autor principal.
Para los otros dos implicados: 5 años de prisión para cada uno en calidad de cooperadores necesarios.
Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama que cada procesado abone una multa de 21.600 euros. En concepto de responsabilidad civil, se exige la devolución íntegra de los 136.121,81 euros a la empresa perjudicada, cantidad de la que deberán responder de forma solidaria tanto los acusados como las sociedades que crearon para ejecutar el plan.
