El Supremo ratifica al TSXG y pone fin a la discriminación salarial del personal docente e investigador de la UVigo
Los investigadores verán actualizadas sus nóminas con carácter retroactivo
CINBIO Universidade de Vigo / CINBIO - UVigo
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia definitiva en favor de la comunidad científica y académica de la Universidade de Vigo. En un fallo reciente, el Alto Tribunal ha reconocido el derecho del Personal Docente e Investigador a percibir los incrementos salariales aprobados por el Gobierno central para los empleados públicos, ratificando así la postura que ya había defendido previamente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Esta decisión judicial pone fin a un conflicto que mantenía en vilo a cientos de profesionales y establece un precedente jurídico clave: a partir de ahora, cualquier subida salarial recogida en los Presupuestos Generales del Estado deberá aplicarse de manera automática en la institución viguesa, eliminando la necesidad de reclamaciones periódicas.
Un goteo de incrementos
La sentencia es clara en cuanto a los atrasos que la universidad debe abonar. El personal afectado tiene derecho a percibir un 1,5 % adicional correspondiente al ejercicio 2022 y un 2,5 % relativo a 2023.
Sin embargo, el impacto económico real para los trabajadores es mucho mayor si se analiza el ciclo completo de revalorización. Gracias a la acumulación de estas subidas, el personal investigador ha visto —o verá en sus liquidaciones— un incremento acumulado del 9,8 % entre 2022 y 2024.
La hoja de ruta de estas actualizaciones salariales queda fijada de la siguiente manera:
- 2022-2024: Revalorización acumulada del 9,8 % (Ya consolidada tras el fallo)
- 2025: Incremento previsto del 2,5 %
- 2026: Incremento previsto del 1,5 %
El fin de una "discriminación" histórica
Más allá de las cifras, la importancia de este fallo reside en el criterio de automaticidad. Hasta la fecha, la aplicación de estas subidas generaba fricciones administrativas que el tribunal ha calificado de discriminatorias.
Al sentar este criterio, el Tribunal Supremo garantiza que los investigadores de la UVigo no queden rezagados respecto al resto de empleados públicos del Estado.
Desde los sindicatos y colectivos de investigadores celebran la noticia como un "acto de justicia" que aporta estabilidad y reconocimiento a la labor investigadora en Galicia, asegurando que su poder adquisitivo evolucione a la par que el del resto de la administración.