Alcaldes y trabajadores sociales cuestionan el acuerdo del Servicio de Ayuda en el Hogar
La subida gradual de la aportación de la Xunta hasta los 18 euros no cubre los costes
Servicio de ayuda a domicilio. / Morsa Images
Santiago de Compostela
El precio y la demanda del SAF se incrementan progresivamente y el coste por hora alcanza en muchos casos los 25 euros. En este comtexto, la subida de la aportación autonómica pactada entre Xunta y Fegamp resulta insuficiente. Así lo consideran desde el Colexio de Traballo Social y varios alcaldes, conocedores de lo que supone para las arcas públicas asumir la prestación de un servicio del que dependen 23.000 gallegos. Al precio se suman otras complicaciones, especialmente fuera de las ciudades, como la dispersión, el envejecimiento y las dificultades para encontrar personal.
El acuerdo plantea una subida gradual y progresiva hasta los 18 euros por hora hasta 2028 -para este año se queda en 16-, una cantidad que no llega para cubrir los costes. Desde el Colexio de Traballo Social lo consideran un "parche" para los ayuntamientos y reclaman un cambio de modelo. El coordinador del Colexio, David Gontán, considera que una de las claves es evitar la "privatización" de un servicio muy sensible.
Por su parte, alcaldes de varios municipios gallegos ven claramente insuficiente ese acuerdo alcanzado entre PP y PSOE en el seno de la Fegamp. Algunos, como el de Xermade, Roberto García (PSOE), sopesan llevar a la Xunta a los tribunales por su cuenta. Otros siguen haciendo números porque este servicio absorbe buena parte de los recursos locales, especialmente en municipios más pequeños. En Muros (gobernado por el BNG en coalición con el PSOE), por ejemplo, destinan al SAF 1 millón de los 8 con los que cuenta el presupuesto total anual del ayuntamiento. La valoración más positiva llega desde municipios gobernados por el PP, aunque también reconocen que el servicio les queda grande, en palabras del regidor de Folgoso do Courel.
Del acuerdo se ha descolgado también el BNG, ya que lo considera una imposición por parte de la Xunta al estilo "trumpista" y denuncia intereses mutuos de PP y PSOE para "calmar el avispero de los alcaldes".