Denuncian caos y una paralización de las ejecuciones en los juzgados de Vigo
Alternativas na Xustiza denuncia que están completamente paralizadas las tasaciones de costes, los mandamientos de pago o las demandas ejecutivas de 2026
El sindicato Alternativas na Xustiza ha denunciado este jueves que el Nuevo Modelo Organizativo del Servicio Público de Justicia (NUMO), cuya entrada en funcionamiento obedece a la decisión de la Xunta de no aplicar la moratoria que solicitó el propio juez decano de Vigo, está provocando "problemas organizativos entre los trabajadores y sobre todo repercusiones extremadamente negativas sobre los ciudadanos".
Según señala el sindicato en un comunicado, se vive un "caos organizativo" en Vigo del que culpa al Gobierno autonómico, al que acusa de querer ahorrar dinero, pero a cambio "el trabajo pendiente de los antiguos juzgados está provocando una paralización completa de la ejecución" en Vigo.
Dice Alternativas na Xustiza que a día de hoy están completamente paralizadas las tasaciones de costes, los mandamientos de pago o las demandas ejecutivas presentadas por los ciudadanos en lo que va de 2026, entre otras cosas porque antes del 1 de enero había 74 trabajadores dedicados a la tramitación de las ejecuciones civiles, penales, contenciosas, sociales o mercantiles, y actualmente hay 54.
A ello hay que añadir, continúa el sindicato, la negativa de la Xunta" a cubrir de forma inmediata las jubilaciones o bajas, o que continúe pendiente la digitalización de procedimientos anteriores a 2023.En consecuencia, según señala el comunicado, hay ahora mismo unas 25.000 ejecuciones pendientes (Civil, Social, contencioso y mercantil) de ser tramitadas, a lo que hay que añadir ejecuciones de delitos leves, que antes llevaban los juzgados de instrucción.
Hace el sindicato especial hincapié además en las consecuencias de la reducción de personal del 62 por ciento destinado a tramitar las ejecuciones civiles, con lo que eso supone de carga de trabajo. Por todo lo anterior, Alternativas na Xustiza ha exigido a la Xunta "la ampliación de la plantilla del Servicio Común de ejecución de Vigo en al menos 12 plazas para evitar que las sentencias de miles de vigueses queden en papel mojado durante años".