Culleredo pide entrevistas con el director de Alvedro y el Ministerio tras las denuncias de los controladores
Xunta y Concello reclaman explicaciones a Aena y se reunirán con los profesionales

Aeropuerto de Alvedro, A Coruña / Aeropuerto de Alvedro, A Coruña

A Coruña
La carta de los controladores aéreos de A Coruña denunciando recortes laborales que pueden afectar la seguridad aérea sigue siendo noticia. Xunta y Concello de A Coruña han confirmado que recibirán a los portavoces del colectivo. El alcalde de Culleredo, José Ramón Ríobóo, solicitará una entrevista con el director del aeropuerto de Alvedro y el Ministerio para conocer la situación de primera mano. Ha expresado su preocupación por el futuro de este servicio.
Riobóo exige que se extremen las medidas de seguridad y advierte del cierre del aeropuerto de Lavacolla entre el 23 de abril y el 27 de mayo, momento en que Alvedro se presentará como la principal alternativa para cubrir su actividad.
El Concello de A Coruña ha pedido a Aena "aclaraciones" sobre las denuncias de la carta. La Xunta puntualiza que la competencia sobre navegación aérea reside en el gobierno central y reclamará "una respuesta clara y detallada sobre la situación denunciada", su impacto en la seguridad y la "posibilidad de cierre o restricciones en la Torre de control".
Los controladores advierten que el CHUAC es un hospital de referencia en trasplantes que necesita que se garantice la operatividad de Alvedro las 24 horas y la empresa no siempre está en condiciones de prestar ese servicio.
El responsable de la unidad de trasplantes del CHUAC, Fernando Valladares, señala que puede haber alternativas desde Santiago, como ocurre cuando hay incidencias meteorológicas que impiden aterrizar en Alvedro, aunque eso no es lo ideal.
El colectivo denuncia que la adjudicataria, Saerco, está cancelando vacaciones y descansos de forma unilateral para mantener el servicio en una situación que no puede sostenerse en el tiempo.
Solicitan de forma urgente que se inste a la empresa adjudicataria a garantizar las condiciones mínimas para la seguridad y el bienestar a los profesionales y que se estudie la viabilidad de un modelo de privatización ante los resultados negativos "constatados".
Recuerdan que todos los grupos políticos con representación en Canarias han pedido que se retire la concesión a Saerco por las garves deficiencias en el servicio.




